(Fuente: EFE / Efecto Cocuyo) La organización Súmate ha denunciado que su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, detenido desde el 26 de agosto, fue pasada a juicio por un tribunal antiterrorismo con base en un acta policial forjada.
Súmate denunció que el juzgado le violentó los derechos constitucionales a Sánchez, a quien se le negó la defensa por abogados y el debo proceso, al decidir «su pase a juicio manteniendo los cinco delitos imputados en la audiencia de presentación» con «fundamento en el acta policial» que «incurre en el vicio de falso supuesto».
Con información de EFE
Sánchez fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y se le acusa de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.
Súmate cuestionó que el juez «haya desestimado, sin justificación, los argumentos» de la defensa pública sobre el documento policial, que señala hechos que «no se corresponden con la verdad», entre ellos, los relacionados con la fecha y el lugar de detención, así como con una supuesta prueba presentada que fue «forjada».
Por tanto, la organización no gubernamental rechazó y repudió esta «nueva decisión judicial» basada en un «acta policial ausente de hechos veraces», lo que -advirtió- «incrementa el desasosiego, la angustia y dolor» de Sánchez y su familia y «oscurece aún más la imagen de la administración de justicia».
Insistió en que el juez debió «declarar nula la prueba presentada, así como todos los actos procesales que tengan fundamento en el acta policial».
La detención de la coordinadora de Súmate se produjo en un contexto de crisis política desatada tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, un período en el que la oposición que denuncia fraude electoral alertó sobre el aumento de la persecución y represión por parte del Gobierno.
El pasado septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
