(Fuente: Efecto Cocuyo) La Asamblea Nacional Chavista está enfocada en la aprobación de reformas electorales antes del 15 de diciembre o, en el peor de los casos, en enero, como lo estima la comisión de diálogo que está encargada de estos cambios.
Expertos señalan que si se busca realizar tres elecciones en el 2025, alcaldes, gobernadores y parlamentarias, se deberían hacer cambios en la normativa electorales con seis meses de anterioridad, así como lo reza el artículo 298 de la Constitución.
Dicho artículo establece que “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.
Según los tiempos establecidos por la carta magna, durante el 2025 se deberían realizar las elecciones para alcaldes, gobernadores y la de la Asamblea Nacional. El dictador Nicolás Maduro propuso que las dos primeras se realizaran por separado, dejando las parlamentarias de último.
Los expertos señalan que si se concretan las reformas y se impone el deseo del dictador, el cronograma electoral del 2025 presentaría inconvenientes técnicos por el coroto lapso disponible para realizar las tres votación, a menos que se siga violando el artículo 198 como se ha hecho en los últimos procesos.
Con información de Efecto Cocuyo
“La ley es clara”
“El articulo 298 de la Constitución es muy claro, seis meses antes de un proceso electoral no se puede reformar la ley, de manera que si se reforma en diciembre y es promulgada por el Ejecutivo y publicada en Gaceta Oficial, hay que contar seis meses después desde la convocatoria. No podrían haber elecciones en el primer semestre de 2025 porque sería ir contra la normativa constitucional, es una prohibición expresa de la norma”, señaló el exconsultor jurídico del Poder Electoral, Celiz Mendoza.
Ha ocurrido en procesos electorales anteriores que una normativa se cambia poco antes de las votaciones. La última vez fue para las presidenciales del 28 de julio de 2024 en las que el CNE dictó una resolución el 20 de junio (Gaceta Electoral 1.060) con normas especiales y procedimientos para extender las credenciales a los testigos electorales de las organizaciones con fines políticos.
Según dichas normas, los testigos debían votar en el mismo centro de votación donde desempeñarian sus funciones, lo cual, denunció, la oposición, estuvo dirigido a entorpecer la escogencia de los testigos de mesa, con la imposición arbitraria de un requisito ilegal no previsto en la Lopre.
“El único que puede convocar un proceso es el Consejo Nacional Electoral (CNE), no puede ser el Ejecutivo ni los partidos los que deciden o impongan como ha ocurrido, es solo competencia del CNE que además tiene que velar por el cumplimiento de la normativa en las elecciones, que se realicen en las mejores condiciones y con todas las garantías”, advirtió sobre la propuesta de Maduro.
Indicó que de concretarse las reformas y respetarse el artículo 298, tendrían que llevarse a cabo tres cronogramas electorales en el segundo semestre, lo cual luce cuesta arriba, por toda la logística que implica y el número de cargos a elegir.
“Si se convocan, por poner un ejemplo, elecciones para marzo, otras en abril se vulnera la normativa. Al parecer los cambios que se quieren hacer afectará todos los procesos electorales, como por ejemplo declarar inhabilitaciones políticas por fascismo que es una acusación muy subjetiva que no está tipificada en las leyes penales como delito, o traición a la patria y además de manera perpetua”, agregó.
Este 21 de noviembre, la AN de 2020 aprobó en primera discusión la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla inhabilitacion politica hasta por 60 años, contra quienes soliciten o apoyen sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro. Rodríguez insiste en que la inhabilitación sea perpetua.
Anteriormente, Rodríguez había planteado que en una reforma a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones se impidiera a “fascistas” o partidos “fascistas” inscribir candidaturas lo cual podría alterar los requisitos de elegibilidad para cada cargo.
Proceso en “solitario”
En coincidencia, la exrectora suplente del CNE, Griselda Colina, señaló que las decisiones sobre los procesos electorales, especialmente los que encierran complejidad como las elecciones municipales, estadales y de la AN, tiene que obedecer a criterios técnicos y a la preservación del derecho a elegir de los venezolanos y no por intereses políticos.
“Hasta 2021 hubo una ley de regularización de los periodos constitucionales de las autoridades escogidas por el voto popular que también establecia la forma como iban a realizarse las elecciones, es decir, separadas las de alcaldes y Concejos Municipales, de las de gobernadores y Consejos Legislativos, entonces se deroga para hacer votaciones conjuntas y ahora dices que las quieres separar otra vez por un criterio acomodaticio”, cuestionó.
Recordó que las elecciones parlamentarias son de alta complejidad porque implica división de circunscripciones, los diputados para cada una, como se presentan las postulaciones, velar porque haya representatividad y proporcionalidad, por lo que también considera complicado convocar tres procesos electorales por separado y en poco tiempo.
Sostuvo además que el proceso de reformas electorales que, a su juicio, avanza en “solitario” en la AN dominada por el chavismo complica aún más el panorama, porque si bien el sistema electoral requiere de cambios, no hay garantías de que en el seno del Parlamento se tomen en cuenta las propuestas que abonen a elecciones más democráticas.
“Lo que estamos viendo es un proceso atropellado, que avanza de forma precaria y que parece incluir una serie de medidas punitivas que contrario a promover la participación y el ejercicio del voto de los venezolanos, los aleja cada vez más del derecho a elegir y que no incluye a sectores de la sociedad civil que tienen años haciendo propuestas sobre la representación proporcional, el registro electoral en el exterior, entre otras”, expresó.
Desde la misma comisión de diálogo se ha advertido que dicha instancia no se reúne desde hace 15 días, por lo que existe preocupación sobre los cambios que se vayan a realizar y los verdaderos propósitos. Solo Rodríguez ha dado señales de lo que la mayoría del chavismo quiere imponer: que “fascistas” no puedan optar por cargos de elección popular y que observadores electorales internacionales independientes no puedan venir al país a hacer seguimiento a elecciones por ser considerados “injerencistas”.
El 28 de julio marca un antes y un después
Colina, quien también es miembro del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, añade el factor político a la complejidad de los próximos procesos electorales luego de lo ocurrido con las presidenciales del 28 de julio.
“Después del 28 de julio quedó aún más en evidencia que no solo estamos frente a procesos desiguales, que no se está respetando la voluntad popular y no se están mostrando las pruebas que permitan verificar los resultados expresados en las urnas electorales, sumada a la persecución política que incluye detención de alcaldes en ejercicio y destituciones y de testigos electorales”, dijo.
Recalcó que a más de tres meses de las elecciones, el CNE se ha negado a publicar las actas del proceso electoral del 28 de julio que recabaron testigos tanto del partido de gobierno como la oposición, por lo que esa elección no se ha cerrado hasta que no se muestren las pruebas que permitan reconocer resultados.
“Lo que sucedió el 28 de julio nos pone en otro marco de acción distinta donde las elecciones ya ni siquiera son reconocidas, sus resultados, no se muestran las pruebas de los anuncios del CNE y que se quiere imponer una realidad que no es tal. Hasta ahora no lo habíamos vivido y avanzar por ese camino es peligrosísimo porque deja al país en una ilegitimidad y aislamiento total”, alertó de cara a los próximos comicios.
