Aislado, incomunicado y con problemas de salud, así transcurren los días del dirigente opositor Luis Palocz, uno de los 23 presos políticos recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, en Caracas. Su detención, considerada arbitraria por organizaciones como el Foro Penal, se ha prolongado durante cuatro meses sin que sus familiares hayan podido verlo o hablar con él.
Palocz, quien formaba parte del comando municipal que respaldaba la candidatura del presidente electo Edmundo González Urrutia, fue interceptado por sujetos encapuchados el pasado 14 de diciembre mientras transitaba por la avenida Andrés Galarraga, en el municipio Chacao. Desde entonces, su pareja, María Bravo, y su familia no han tenido contacto directo con él, salvo por escuetas cartas censuradas donde el dirigente apenas puede comunicar sus necesidades médicas y personales.
“No lo hemos visto, ni hemos podido hablar con él. Solo nos llegan cartas donde nos pide cosas superficiales, porque todo lo leen”, explica Bravo. Uno de los últimos mensajes que recibió incluía una solicitud de medicamentos por una inflamación en los ligamentos de la muñeca, además de una muñequera y tratamiento para fuertes dolores de cabeza y afecciones renales crónicas que padece.
El deterioro físico y mental que enfrentan los presos políticos recluidos en condiciones de aislamiento y sin atención médica adecuada se agrava con el paso del tiempo. Según Bravo, Palocz solo es sacado una hora al día a tomar sol o realizar ejercicios. “Estar encerrado casi todo el día es difícil, todas las enfermedades van floreciendo”, advierte.
La audiencia preliminar de Palocz se llevó a cabo de forma telemática el 5 de marzo, sin la posibilidad de contar con una defensa privada. Le fueron imputados los delitos de incitación al odio, terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, cargos utilizados de forma sistemática por el régimen de Nicolás Maduro para criminalizar la disidencia.
“No sabemos quién es el defensor público, fue impuesto”, denuncia su pareja. Además, no existe una fecha clara para el inicio del juicio, lo que agrava la situación de incertidumbre jurídica que enfrentan los más de 890 presos políticos que contabiliza el Foro Penal en Venezuela.
A pesar de múltiples solicitudes, las visitas y llamadas telefónicas siguen restringidas, bajo el argumento de que se requiere autorización de “alto nivel”. La falta de acceso familiar y legal, así como la negativa de atención médica integral, violan estándares internacionales de derechos humanos y constituyen una forma de tortura psicológica, como han señalado abogados y organizaciones defensoras de derechos fundamentales.
Mientras tanto, Bravo continúa luchando por mantener a flote la salud y el ánimo de Palocz desde afuera. “Siempre le escribo que beba bastante agua y que trate de hacer ejercicio, porque todo eso le afecta”, comenta, aferrada a las pocas certezas que le permiten las cartas filtradas desde las paredes del Helicoide.
