La propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de repatriar a 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a cambio de la liberación de igual número de presos políticos en Venezuela, ha generado un intenso debate entre defensores de derechos humanos, juristas y organizaciones civiles, en medio de tensiones diplomáticas entre Caracas y San Salvador.
Mientras el régimen de Nicolás Maduro calificó las detenciones como “secuestro” y exige pruebas de vida, Bukele defiende la legalidad de las deportaciones bajo el argumento de que los detenidos formarían parte de la estructura criminal transnacional del Tren de Aragua, una acusación aún no sustentada judicialmente.
“No se debe jugar con el sufrimiento de las familias”
Para el abogado y defensor de derechos humanos Marino Alvarado, la propuesta de Bukele es condenable. A su juicio, el uso de seres humanos como fichas de canje —sean migrantes o presos políticos— es una práctica inmoral, tanto en Venezuela como en El Salvador.
“Lo mismo hace el gobierno venezolano con los presos políticos. No se puede buscar dividendos políticos a partir del sufrimiento de muchas familias”, expresó Alvarado a través de su cuenta en X.
Alvarado también instó al régimen venezolano a coordinar con las autoridades de Estados Unidos para procesar, en caso de existir evidencia, solo a quienes hayan delinquido. “La mayoría de los encarcelados no cometieron delitos y deben ser liberados y devueltos a Venezuela”, insistió.
“El canje es inmoral, pero los afectados deben decidir”
En la misma línea, el codirector del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, señaló que la propuesta de Bukele refleja la manipulación política de la situación de los presos políticos venezolanos y de los migrantes criminalizados sin pruebas.
“Los venezolanos privados de libertad por razones políticas lo están de forma arbitraria. Muchos de los migrantes detenidos en El Salvador tampoco tienen antecedentes penales. En ambos casos, lo que corresponde es su liberación conforme al derecho y a decisiones judiciales, no por conveniencias de gobiernos autoritarios”, explicó a El Pitazo.
Sin embargo, Uzcátegui reconoció que la decisión final sobre aceptar un posible canje la tienen los familiares de los presos políticos, por ser los directamente afectados. También advirtió que desde el 10 de enero de 2025, con el colapso del sistema judicial en Venezuela y la imposición de un gobierno sin legitimidad de origen, cualquier mecanismo de liberación está contaminado de elementos de inmoralidad.
“Maduro no está negociando su salida, sino su permanencia en el poder. Y cualquier concesión, incluso la excarcelación de presos políticos, tendrá componentes cuestionables”, sentenció.
Una oportunidad para una solución humanitaria
Contraponiéndose a estas críticas, el presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, defendió el planteamiento de Bukele como una posibilidad de solución humanitaria desde la diplomacia, más allá de los tecnicismos judiciales.
“Estamos ante un problema que dejó de ser jurídico en EE. UU. o El Salvador. Lo que interesa a las familias es resolver esto de forma humanitaria”, expresó Márquez en rueda de prensa, acompañado de parientes de migrantes detenidos y abogados defensores.
El defensor cuestionó además la criminalización de los venezolanos por razones superficiales como portar tatuajes. Citó el caso de nueve jóvenes tachirenses deportados a El Salvador, quienes —según asegura— no tienen antecedentes penales ni pruebas que los incriminen.
“No hay una sola evidencia que justifique su reclusión. Más que un tema judicial, lo que planteamos es una solución humanitaria”, reiteró.
“Disposición plena de migrantes sin juicio previo”
Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, su director Alonso Medina Roa también se pronunció. Consideró que la oferta de Bukele evidencia una preocupante disposición plena del Ejecutivo salvadoreño sobre los migrantes venezolanos, sin que exista sentencia judicial alguna que los condene.
“Esto confirma que hay venezolanos detenidos irregularmente en El Salvador. El presidente Bukele demuestra tener control sobre ellos, aunque no hayan sido procesados legalmente. Eso es muy grave desde la óptica del derecho internacional”, alertó.
