El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que José Enrique Martínez Flores, alias “Chuqui”, un ciudadano venezolano de 24 años y presunto alto mando de la banda criminal Tren de Aragua, ha sido formalmente acusado de cinco nuevos cargos por terrorismo y narcotráfico en el distrito sur de Texas.
El anuncio llega en el marco de la “guerra declarada” por el presidente Donald Trump contra esta organización criminal, catalogada desde febrero de este año como organización terrorista global, junto con la pandilla MS-13 y varios cárteles transnacionales.
Martínez Flores fue detenido en Colombia el pasado 31 de marzo, tras una orden de arresto emitida por las autoridades estadounidenses. Permanece bajo custodia en ese país mientras avanza el proceso de extradición.
Según el expediente judicial, “Chuqui” es considerado uno de los líderes de mayor jerarquía del Tren de Aragua en Bogotá, con conexiones directas con la cúpula central de mando de la banda, y estaría involucrado en operaciones de narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos.
Los cargos presentados incluyen:
- Proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
- Conspiración para distribuir cocaína destinada a EE. UU.
- Conspiración para cometer actos de terrorismo internacional.
En caso de ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares.
“Una amenaza directa a la seguridad nacional”
La fiscal general especial Pamela Bondi, designada por Trump para los casos de crimen organizado transnacional, aseguró que se trata de la primera acusación en EE. UU. contra un miembro del Tren de Aragua por delitos de terrorismo.
“El Tren de Aragua no es una pandilla callejera. Es una organización terrorista altamente estructurada que echó raíces en nuestro país durante la administración anterior”, sostuvo Bondi en el comunicado oficial.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó a la organización como “una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Trump endurece política migratoria y penal
La acusación se produce semanas después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada anteriormente solo en tiempos de guerra, para deportar a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, acusados de presunta pertenencia al Tren de Aragua. Estas deportaciones, que generaron controversia internacional, forman parte de su nueva política migratoria de “cero tolerancia” con criminales extranjeros.
Según la Casa Blanca, la detención de “Chuqui” reafirma el vínculo entre esta red criminal venezolana, el narcotráfico y el terrorismo internacional, y representa un avance estratégico en la desarticulación de sus operaciones fuera de Venezuela.
El Tren de Aragua, bajo la lupa internacional
La banda Tren de Aragua, nacida en cárceles venezolanas durante el régimen de Nicolás Maduro, ha sido señalada por múltiples gobiernos y organizaciones internacionales por su expansión criminal por al menos 10 países de América Latina, con redes dedicadas a extorsión, sicariato, trata de personas y tráfico de drogas.
En Venezuela, distintas ONG de derechos humanos han denunciado la complicidad de funcionarios del Estado con su crecimiento y operatividad, algo que el régimen de Maduro ha negado. No obstante, recientemente se han intensificado las críticas tras la deportación masiva de venezolanos, muchos de los cuales, según denuncias de familiares, no tienen vínculos reales con la organización.
Un proceso con implicaciones políticas y diplomáticas
La captura de Martínez Flores y la acusación por terrorismo elevan las tensiones entre Washington y Caracas. Mientras Trump promete “erradicar al Tren de Aragua donde quiera que esté”, el régimen de Maduro ha calificado las acciones como una campaña de criminalización contra los migrantes venezolanos.
La administración Trump asegura, sin embargo, que seguirá adelante con acciones punitivas, arrestos y extradiciones contra cabecillas del Tren de Aragua, en una ofensiva que combina diplomacia, cooperación internacional y medidas judiciales extraterritoriales.
El caso de “Chuqui” marca un nuevo capítulo judicial en esta cruzada global, mientras el Departamento de Estado y el FBI continúan investigando las finanzas, conexiones políticas y expansión de esta red criminal.
