La situación del derecho a la alimentación en Venezuela sigue siendo alarmante, con carencias estructurales, inflación alimentaria persistente, pobreza masiva y una capacidad estatal limitada para garantizar el acceso adecuado y seguro a los alimentos. Así lo denuncia el capítulo sobre alimentación del Informe 2024 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que advierte sobre un escenario de hambre crónica y nutrición deficiente en amplios sectores del país.
El informe, elaborado con datos del año 2024 y estudios recientes de agencias de la ONU, organizaciones gremiales y la sociedad civil, documenta la profundización de una crisis humanitaria que compromete derechos fundamentales, especialmente entre los grupos más vulnerables: niños, mujeres embarazadas y familias en situación de pobreza extrema.
Salario mínimo cubre menos del 1% de la canasta alimentaria
Según Provea, el 86,9% de la población vive en pobreza y un 70,6% en pobreza extrema. Mientras la canasta alimentaria familiar (CAF) alcanzó un promedio de $536 mensuales, el salario mínimo solo cubre entre 0,5% y 0,6% de ese monto. El ingreso familiar mensual promedio fue de $169,6, muy por debajo de lo necesario para una alimentación adecuada.
En este contexto, el 43% de los venezolanos enfrenta inseguridad alimentaria y un 46% consume alimentos de mala calidad o en mal estado. El informe revela que más del 82% de la población no tiene acceso suficiente a alimentos, y que un 43,3% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria (32,8% moderada y 10,5% severa). Además, el 61,7% de los hogares ha reducido el número de comidas diarias y el 50,5% ha agotado sus medios de vida para poder alimentarse, de acuerdo con HumVenezuela.
A pesar de una leve mejora en algunos indicadores, la desnutrición infantil se mantiene en niveles de alarma (6,8%), mientras que el 10,5% de los niños presenta talla baja para su edad y un 9,3% nace con bajo peso. El 24,2% de las mujeres embarazadas sufre de anemia, un nivel superior en siete puntos porcentuales al promedio regional en Sudamérica.
Provea advierte que este deterioro nutricional tendrá consecuencias a largo plazo, con impactos negativos en el desarrollo cognitivo, el rendimiento escolar y la productividad laboral futura.}
Cinco millones de personas en situación de hambre crónica
El Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) subió de 7,8% entre 2004-2006 a 17,6% en el periodo 2021-2023, la cifra más alta de América del Sur. Esto se traduce en que más de cinco millones de personas en Venezuela sufren hambre crónica.
Los hogares reportan estrategias de supervivencia alarmantes: 67,9% compra alimentos más baratos, 32,8% reduce porciones, 10,5% pasa hambre, y más del 60% sacrifica la alimentación de un miembro para alimentar a otro.
El 54,5% de los hogares aún depende del programa CLAP como fuente principal de alimentación, pese a denuncias sobre su calidad y distribución irregular.
Colapso de servicios públicos agudiza la crisis alimentaria
Provea subraya que el colapso de los servicios básicos agrava las condiciones alimentarias: fallas en agua, electricidad, gas doméstico y saneamiento comprometen la producción, preparación y conservación de alimentos.
El 51% de los hogares compra agua potable en botellones; el 60% sufre interrupciones eléctricas constantes que afectan la cadena de frío y deterioran los alimentos perecederos; y el 15,1% debe pagar cisternas para abastecerse. Muchos hogares cocinan con leña debido a la escasez de gas, lo que afecta la salubridad de los alimentos.
A esto se suma la escasez de insumos de higiene, como jabón y productos de limpieza, lo cual compromete la inocuidad alimentaria y expone a los hogares más pobres a enfermedades gastrointestinales y desnutrición severa.
