Chevron y la reforma: Fin de la licencia 41 pudiera acabar con las pretensiones del Estado comunal

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La paralización de Chevron en Venezuela no solo tendrá impacto en la producción de la industria petrolera, sino también en los mecanismos de control social del régimen que pudiera verse imposibilitado en instaurar el Estado comunal debido a la falta de recursos. Así lo sostienen algunos analistas que ven en la finalización de la licencia 41B el pasado 27 de mayo una piedra en el camino para las intenciones de Maduro en reformar a Constitución.

De esta forma la estructura clientelar del denominado socialismo del siglo XXI pudiera sufrir otro revés con la no renovación de la licencia a Chevron, que operaba en el país desde 2022 gracias a las concesiones que el gobierno de Joe Biden otorgó al régimen.  En este sentido, diversas fuentes afirman que el mayor impacto será en los ingresos que generaba la petrolera norteamericana al madurismo, que de manera extraoficial oscilaban entre 300 y 500 millones de dólares mensuales.

Sobre esta posibilidad el profesor universitario Benigno Alarcón, que dirige el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, asegura que para el régimen será cuesta arriba concretar su idea de Estado comunal porque éste, “es demasiado costoso.”

“Bajar esta estructura clientelar a la base, sin pasar por los municipios u otros mecanismos de distribución, será mayor presión social sobre el aparato de gobierno que podría no darle respuesta a las innumerables demandas que tiene la sociedad y eso va a generar tensiones importantes.”

Del socialismo al neoliberalismo

Con el pasar de los años ha sido más que evidente que el modelo socialista del chavismo ha ido quedando a un lado para mutar a un sistema neoliberal que ha generado profundas desigualdades en la sociedad, todo esto ha ido ocurriendo en la medida en la que el régimen ha visto limitado sus ingresos debido a el mecanismo de sanciones y el desinterés de inversión extranjera en el país ante la crisis política y la inseguridad jurídica.

“El CLAP ya no tiene el alcance que tenía, la Misión Vivienda se encuentra prácticamente paralizada al igual que otras misiones, las estructuras de control social que había en los barrios han ido desapareciendo progresivamente por falta de recursos.” Así grafica el profesor Alarcón el escenario inmediato para el madurismo, quien insiste en que sin los ingresos suficientes el régimen se verá imposibilitado de sostener un Estado comunal y en consecuencia “sus clientes”, aquellos que aún creen en el denominado “Plan de la Patria”.

Reforma constitucional ¿la última carta?

Nicolás Maduro aseguró que la propuesta de reforma constitucional prevista en principio para este año, será entregada en enero de 2026 al “nuevo” parlamento electo el pasado 25 de mayo en donde al menos el 75% de los venezolanos se abstuvo de votar; un proyecto del cual se conoce poco, pero que apunta a reestructurar el sistema electoral a través de las denominadas comunas.

Proyecto que fue el sueño dorado de Hugo Chávez y que le encomendó a Maduro antes de morir en 2013 tras varios años de haber sido una propuesta derrotada en el referéndum de 2007 pero que luego ha ido implementándose a través de la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley de las Comunas y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal.

“Eso es Cuba, donde está lejos de tener un pueblo soberano. Eso es Nicaragua, donde no existe respeto por la relación poder y competencias, eso es el fin de la constitucionalidad y de la democracia en Venezuela.” Palabras enfáticas del abogado Nelson Chitty La Roche, exdiputado de la República y actual profesor de la cátedra de derecho constitucional en la Universidad Central de Venezuela, al ser consultado por la posibilidad de un Estado comunal.

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