Si bien no existe una cifra exacta, a casi un año de una de las mayores olas represivas de la historia reciente de la región, organizaciones independientes aseguran que fueron más de 2.000 personas castigadas por buscar un cambio.
#AUnAñoDelFraude || 🔴 Castigados por buscar un cambio: más de 2.000 detenidos tras el fraude del #28J.
— Dossier Venezuela (@DossierVzla) July 18, 2025
🕯️ Más de 2.000 venezolanos fueron víctimas de la maquinaria represiva del régimen solo por soñar con un país libre.
🎯 Protestar, custodiar actas, votar o simplemente pasar… pic.twitter.com/HF3I5dADJM
Todas, detenidas por protestar, criticar los resultados anunciados por el CNE, o por apoyar a la oposición liderada por María Corina Machado; la mayoría, acusadas de delitos referentes a “incitación al odio” y “terrorismo”, que conllevan penas de hasta 30 años de cárcel.
Muchas de las víctimas fueron desaparecidas de manera forzada, lo que obligó a sus familiares a buscarlos en diversos centros de detención e incluso en morgues.
Una larga lista en la que figuran miembros de la oposición y sus familiares, así como decenas de ciudadanos extranjeros. En todos los casos se violó de forma flagrante el debido proceso, negándoles la defensa privada o el acceso a sus expedientes.
Algunos, fueron procesados en audiencias virtuales y/o en grupos, un elemento que menoscababa los derechos humanos.
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Un año de mucha extorsión
Existen denuncias que demuestran que muchos de los detenidos fueron obligados a firmar documentos que les prohibían revelar información sobre su detención o sus procesos judiciales. Algunos fueron obligados a grabar videos en los que decían que sus derechos fueron respetados durante la detención.
Altos funcionarios ordenaron y promovieron que se denunciaran a estas personas con el fin de facilitar sus detenciones, esto masificó prácticas extorsivas preexistentes y propias del sistema judicial penal que empeoraron las condiciones de reclusión y sumó sufrimiento a las víctimas y sus familiares, afectando especialmente a personas de bajos recursos económicos que fueron consideradas como “enemigos políticos”.
Sin embargo, no todas estas personas castigadas por buscar un cambio estaban en protestas, y, de igual forma fueron detenidas por transitar cerca de una de estas zonas, o a la llegada o salida de sus lugares de trabajo, aumentando así, los casos de extorsión por parte de los cuerpos policiales.
Hubo solicitudes a los familiares de pagos en dólares, ya sea para proceder a la liberación o para ofrecer información y entregar alimentos o medicinas a las víctimas.
Pero no solo fueron detenciones, al menos 20 personas fueron asesinadas como consecuencia del abuso de la fuerza pública y la intervención de grupos civiles armados.
La operación “Tun Tun” preparó el terreno
Las declaraciones de Nicolás Maduro el lunes 29 de julio, pocas horas después de consumado el fraude, invocaron mecanismos de detenciones arbitrarias aplicados desde las protestas masivas registradas en el año 2017: como la operación “Tun Tun”.
Cientos de manifestantes fueron víctimas de esta práctica durante las protestas subsiguientes a la jornada electoral, o de forma posterior, tras ser identificados como presuntos participantes de hechos violentos, la mayoría, provenientes de zonas populares.
Al respecto, oficialmente el Ministerio Público anunció la detención de más de 2.500 personas en menos de una semana, incluyendo periodistas, activistas políticos, y al menos 73 menores de edad.
Es importante destacar que la represión estatal de cara al proceso electoral presidencial del 28 de julio inició mucho antes, o al menos desde la convocatoria a la elección de la candidatura opositora en las primarias de octubre de 2023.
La prohibición de la cobertura de estos comicios, los procesos judiciales abiertos y detenciones hacia personas vinculadas a la elección, continuaron a inicios de 2024 con la reactivación de la llamada Furia Bolivariana, que derivó en amenazas y decenas de detenciones arbitrarias.
Pese a que el fiscal general del régimen dice que ha excarcelado a cientos de estos detenidos, muchos continúan con procesos penales abiertos, un hecho premiado por Nicolás Maduro, quien ha exatado la actuación de las autoridades y fuerzas de seguridad represivas, para asegurar su lealtad.
Esto, mientras tortura a las más de 2.000 personas castigadas por buscar un cambio y obliga a exiliarse a opositores e incluso a los miembros de esas mismas fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos.
