Carlos Julio Rojas es un periodista venezolano nacido en Caracas, conocido por su labor en medios digitales y su activismo comunitario. Ha trabajado en la cobertura de temas sociales y políticos, denunciando abusos del gobierno y apoyando movimientos opositores. Es miembro activo del Frente Norte de Caracas, una asociación vecinal que aboga por los derechos de las comunidades y critica las políticas del régimen chavista. Su trabajo periodístico se ha centrado en documentar violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y abusos policiales, lo que lo ha posicionado como una voz crítica en un contexto de censura generalizada.

Rojas ha sido detenido en al menos cuatro ocasiones por motivos políticos, lo que refleja un patrón de persecución. En 2017, durante las protestas contra el gobierno, fue arrestado y sometido a una desaparición forzada de 60 horas, durante la cual se le plantaron granadas para falsificar evidencia, según LatAm Journalism Review.

En 2023, denunció planes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para detenerlo, acusándolo de actividades irregulares. Su activismo también incluye su apoyo a la campaña de María Corina Machado, lo que lo vincula con los esfuerzos por promover el cambio democrático en Venezuela.

Detención como Preso Político

El 15 de abril de 2024, Carlos Julio Rojas fue detenido arbitrariamente por funcionarios del SEBIN mientras caminaba cerca de su casa en La Candelaria, Caracas. Fue subido a la fuerza a una camioneta sin placas, y su familia no fue informada de su paradero hasta horas después, configurando una desaparición forzada breve, según Amnistía Internacional. El fiscal general Tarek William Saab confirmó su detención, acusándolo de ser «instigador y operador logístico» en un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro el 25 de marzo de 2024, durante el registro de su candidatura para las elecciones presidenciales, según LatAm Journalism Review.

Los cargos contra Rojas incluyen «terrorismo», «conspiración», «instigación para delinquir» y «magnicidio en grado de tentativa». Estas acusaciones, carentes de pruebas públicas, son comunes en la persecución de opositores y comunicadores en Venezuela, según Amnistía Internacional. Su detención ocurrió en un contexto de represión postelectoral, tras las elecciones de julio de 2024, consideradas fraudulentas por la oposición y observadores internacionales como el Centro Carter, según Americas Quarterly.

Condiciones de Detención y Estado de Salud

Desde su detención, Rojas está recluido en El Helicoide, un centro de detención militar conocido por sus condiciones inhumanas. Los detenidos en El Helicoide enfrentan hacinamiento, falta de alimentos, y reportes de tortura, según Human Rights Watch. Rojas ha sido mantenido incomunicado, sin acceso a abogados privados, y se le asignó un defensor público, violando su derecho al debido proceso, según la CIDH. Su familia ha tenido contacto limitado, y su esposa, Francy Fernández, denunció en mayo de 2024 que su salud se había deteriorado, con problemas de hipertensión y otros síntomas no tratados, según LatAm Journalism Review. En octubre de 2024, su familia expresó temor por su vida, denunciando que estaba en el mismo espacio que sus presuntos agresores, según Runrun.es.

Reacciones Nacionales e Internacionales

La detención de Carlos Julio Rojas ha generado una fuerte condena. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han exigido su liberación, calificando su caso como un ataque a la libertad de prensa, según El Nacional. Amnistía Internacional lo ha catalogado como preso de conciencia, destacando que su detención es arbitraria y políticamente motivada, según un informe de enero de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el 20 de enero de 2025, reconociendo el riesgo grave que enfrenta, según su sitio web, aunque el gobierno venezolano no las ha cumplido.

Organizaciones internacionales como Reporters Without Borders (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han condenado su detención, situándola en el contexto de la persecución a la prensa, con RSF reportando 16 periodistas detenidos entre 2024 y 2025, según LatAm Journalism Review. La oposición, incluyendo la Plataforma Unitaria Democrática, ha señalado que su caso refleja la represión generalizada, con detenciones masivas de manifestantes, testigos electorales y comunicadores, según Infobae.

Contexto de la Represión Política en Venezuela

La detención de Rojas se enmarca en una ola de represión intensificada tras las elecciones de julio de 2024. Foro Penal reportó 927 presos políticos al 2 de junio de 2025, con 831 hombres, 96 mujeres, 758 civiles y 169 militares, según su sitio web. Entre julio y agosto de 2024, se verificaron 1,315 detenciones arbitrarias, incluyendo 69 adolescentes, según Americas Quarterly. Estas detenciones incluyen desapariciones forzadas, torturas y condiciones inhumanas, según Amnistía Internacional.

El régimen utiliza cargos como «terrorismo» e «incitación al odio» para criminalizar a periodistas y opositores, según IPYS, que documentó 54 ataques a la prensa en 2025, incluyendo detenciones y confiscaciones de equipos. Venezuela lidera la región en encarcelamientos de periodistas, superando a Cuba y Nicaragua, según RSF.