El coronel retirado Antonio María Guevara Fernández denunció en Infobae que la “Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo Integral” entre Venezuela y Colombia, anunciada por Nicolás Maduro y respaldada por Gustavo Petro, es una estrategia para perpetuar su poder frente a una posible transición democrática en Venezuela. Esta iniciativa, firmada el 17 de julio en Caracas por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y la ministra colombiana Diana Morales, abarca Táchira y Zulia en Venezuela, y Norte de Santander, Cesar y La Guajira en Colombia.
Guevara advierte que el acuerdo encubre crímenes de lesa humanidad al crear un territorio de “violencia e ingobernabilidad” controlado por grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y el Tren de Aragua, protegidos por el régimen de Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI).
Guevara sostiene que Maduro, debilitado tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024, y Petro, limitado por el rechazo a su reelección en Colombia, buscan un “enclave” para resistir cambios políticos. “Es una comandita para mantenerse en el poder”, afirmó, señalando la presencia de bandas criminales en el Arco Minero (Bolívar, Amazonas, Apure) y la frontera, donde operan con impunidad. El Frente Institucional Militar (FIM) venezolano, liderado por Juan Antonio Herrera Betancourt, rechazó el memorando, calificándolo como una “amenaza a la soberanía” que viola artículos constitucionales (1, 4, 13, 15, 130, 156, 326, 328) que protegen la integridad territorial.
Con información de la periodista Sebastiana Barráez
Un acuerdo opaco con riesgos de seguridad
El memorando, descrito como “vago” por el excanciller Julio Londoño en Cambio Colombia, propone una zona de paz, comercio y desarrollo agroindustrial, pero carece de detalles sobre su implementación. Maduro afirmó que incluye coordinación policial y militar para combatir el narcotráfico, pero críticos como el general Jorge Mora López advierten que podría facilitar el control del ELN y colectivos chavistas, creando una “zona liberada” para el crimen organizado. Posts en X, como el de @lunadavid, denuncian que el acuerdo, firmado sin consulta al Congreso colombiano, entrega la soberanía a Maduro, permitiendo la influencia del régimen en Norte de Santander.
La región fronteriza, especialmente Arauca y Apure, es un foco de violencia. La UBPD reportó 25 desaparecidos, incluyendo a Brenda Marín, secuestrada por las FARC en 2012. La presencia de Iván Márquez y el Tren de Aragua, ligados al Cártel de los Soles, refuerza las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, según Human Rights Watch. La designación del cártel como organización terrorista por EE. UU. y las recompensas de 65 millones de dólares por Maduro, Cabello y Padrino intensifican la presión.
Una maniobra política frente a la resistencia
El acuerdo, promovido como un “sueño bolivariano” por Alfredo Saade, jefe de gabinete de Petro, ha generado rechazo. Álvaro Uribe y David Luna lo califican como una entrega al “narcoterrorismo” de Maduro, mientras Fenalco advierte sobre el riesgo de influencia chavista en Colombia. Petro niega ceder soberanía, pero la falta de transparencia, denunciada por @ojocolombia2026, alimenta las críticas. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, denuncia que el régimen usa la zona para encubrir sus crímenes, mientras Edmundo González reclama la victoria electoral del 28J.
La CPI investiga al régimen por 2.501 detenciones políticas en 2024, según Un Mundo sin Mordaza, y torturas como el aislamiento prolongado. La zona binacional, lejos de promover paz, podría consolidar un bastión criminal, amenazando la democracia y perpetuando los crímenes de lesa humanidad en ambos países.
