El 2 de agosto de 2025, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció la detención de Carlos Cansine y Luis Hernández en Carabobo por estafar con entregas falsas de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
Según La Prensa de Monagas y Aporrea, los sujetos exigían sumas en divisas para agilizar la entrega de documentos de propiedad, engañando a múltiples víctimas para obtener beneficios económicos ilícitos. Serán imputados por el Ministerio Público por retraso u omisión intencional, utilidad ilegal y agavillamiento. La Policía Municipal de Guacara ejecutó las detenciones, y la Fiscalía 4 de Carabobo investiga el caso.
En un caso paralelo, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Waldemar Neira, acusado de estafa agravada y agavillamiento junto a su hermano José Neira, ya imputado. Según El Nacional, los hermanos estafaron a víctimas con 50 mil dólares, negándose a devolver el dinero, causando grave perjuicio patrimonial.
Contexto de corrupción y represión
La GMVV, lanzada en 2011 por Hugo Chávez, prometió 5 millones de viviendas para 2025, pero enfrenta denuncias de opacidad y corrupción, según Transparencia Venezuela. Solo hasta 2015 se publicaron memorias oficiales, y casos como el de Conlat, una empresa inexistente al firmar contratos en Carabobo, evidencian irregularidades.
Estas estafas se suman a los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, como la de José Riera. Foro Penal reporta 853 presos políticos al 21 de julio de 2025, y Un Mundo sin Mordaza documenta 2.501 detenciones en 2024.
María Corina Machado, en la clandestinidad tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024, y Edmundo González, exiliado, denuncian la represión sistemática del régimen, vinculado al Cártel de los Soles. La vigilancia digital, como el uso de VenApp para identificar opositores, refuerza la Emergencia Democrática Compleja descrita en “El libro gris”. La comunidad internacional, con sanciones y recompensas de 65 millones de dólares, exige justicia.
