Fiscales federales del sur de Florida acusan a Roger Piñate, cofundador de Smartmatic, de sobornar a Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, con una residencia de lujo en Caracas entre abril y julio de 2019, según El Nuevo Herald y Miami Herald.
El presunto soborno buscaba resolver una disputa comercial con el régimen de Nicolás Maduro tras la denuncia de Smartmatic en 2017 sobre fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que llevó a la empresa a cesar operaciones en Venezuela. Este caso, revelado el 4 de agosto de 2025, se suma a las acusaciones contra Piñate por soborno y lavado de dinero en Filipinas, evidenciando un patrón de corrupción.
Detalles del soborno
- Mecanismo: Piñate, a través de una empresa fantasma extranjera, transfirió una casa de clase media alta con piscina a Lucena, usando un tercero para ocultar el propósito, según documentos judiciales citados por El Pitazo. Pruebas incluyen mensajes cifrados, fotos y testimonios.
- Objetivo: Obtener el apoyo de Lucena, presidenta del CNE (2006-2020), para resolver el conflicto comercial tras la ruptura con el régimen en 2017, cuando Smartmatic denunció la manipulación de al menos un millón de votos.
- Contexto legal: Los fiscales invocan la Regla 404(b) para usar el caso como evidencia de un patrón de conducta en el juicio de Piñate por un esquema de sobornos de un millón de dólares en Filipinas, donde infló contratos de máquinas de votación.
Respuesta de Smartmatic
Smartmatic niega las acusaciones, calificándolas de “tergiversaciones”. La empresa afirma que cesó operaciones en Venezuela en agosto de 2017 y no buscó nuevos negocios allí, según un comunicado al Miami Herald. Insiste en su historial de 20 años de operación “legal y ética”.
Tibisay Lucena, fallecida en 2023, fue una figura clave en el sistema electoral chavista, acusado de irregularidades que facilitaron fraudes, como el del 28 de julio de 2024, donde María Corina Machado y Edmundo González denunciaron la victoria robada de González (67% de votos). Estas acusaciones refuerzan las denuncias de crímenes de lesa humanidad investigadas por la CPI, incluyendo detenciones arbitrarias (853 presos políticos, según Foro Penal) y desapariciones forzadas, como la de José Riera. El régimen usa herramientas como VenApp y Siscom para reprimir, mientras la oposición, fragmentada tras el rechazo a negociar de Jorge Rodríguez, enfrenta una Emergencia Democrática Compleja.