El régimen de Nicolás Maduro ha hundido a Venezuela en el nivel más bajo del Índice Global de Derechos (IGD) 2025 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), clasificando al país en el nivel 5 junto a Belarús, Camboya y Myanmar. Esta calificación refleja la ausencia total de garantías laborales, la represión sistemática de sindicalistas y la criminalización de cualquier disidencia laboral. La CSI denuncia que el régimen de Maduro detiene y procesa a dirigentes sindicales con acusaciones falsas, en juicios marcados por la falta de garantías procesales, perpetuando un ambiente de persecución que silencia al movimiento sindical independiente.
La situación laboral en Venezuela es alarmante
El 92% de los países de las Américas restringen el registro de sindicatos, y en 6 de cada 10 se detiene a trabajadores, según el informe de la CSI. En Venezuela, estas prácticas son especialmente crudas, con detenciones arbitrarias que buscan anular cualquier resistencia.
La crisis económica, con un salario mínimo equivalente a unos 5 dólares mensuales, agrava las condiciones de los trabajadores, quienes enfrentan un sistema judicial subordinado al Ejecutivo, incapaz de proteger sus derechos.
Ola de represión en la industria petrolera
En las últimas semanas, una ola de detenciones ha golpeado a los trabajadores del sector petrolero, un pilar económico del país. Iván Freites, dirigente de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Petróleo de Venezuela (Futpv), denunció la detención de 18 empleados de la refinería El Palito, sin que se conozcan los cargos específicos. En total, se estima que más de 100 trabajadores petroleros han sido arrestados en 2025, muchos acusados de “terrorismo” o “conspiración” sin pruebas. José Bodas Lugo, secretario general de Futpv, señaló que estas detenciones buscan “intimidar a quienes exigen mejores condiciones laborales”.
La CSI y la ONU han condenado el uso indebido de leyes antiterroristas para perseguir a sindicalistas. En agosto de 2023, seis líderes sindicales fueron sentenciados a 16 años de prisión por exigir mejoras salariales, en un proceso plagado de irregularidades.
“Es un intento descarado de sofocar a la sociedad civil organizada”, declararon expertos de la ONU.
Exilio forzoso: Periodistas huyen de la represión
Paralelamente, el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en el principal expulsor de periodistas en América Latina. Según el informe “Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”, 477 comunicadores venezolanos han huido del país, superando a Nicaragua (268) y Cuba (98). Este éxodo, que representa el 92,31% del desplazamiento periodístico regional, responde a la persecución sistemática, detenciones arbitrarias y cierres de medios. La ONG Espacio Público reportó 507 violaciones a la libertad de expresión en 2024, incluyendo el cierre de emisoras y bloqueos digitales.
La persecución a trabajadores y periodistas en Venezuela refleja un régimen que criminaliza la disidencia para perpetuarse en el poder. La comunidad internacional debe intensificar sanciones específicas y apoyar investigaciones de la Corte Penal Internacional para garantizar justicia. La lucha por los derechos laborales y la libertad de expresión es esencial para recuperar la democracia venezolana.
