La farsa electoral del pasado 27 de julio marcó un alarmante retroceso en la representación política de las mujeres, consolidando un sistema que perpetúa la desigualdad de género bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Según los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), solo 59 mujeres fueron proclamadas alcaldesas (18% del total) frente a 276 hombres (82%), mientras que 515 mujeres ocuparán curules como concejales principales (21%) frente a 1,883 hombres. La opacidad del CNE, que no publicó los votos ni porcentajes, refuerza las dudas sobre la transparencia del proceso y la voluntad política para garantizar la equidad.
A pesar de que el 45% de las candidaturas fueron femeninas, los resultados evidencian un sistema estructuralmente patriarcal. Comparado con 2021, cuando las mujeres obtuvieron el 19% de las alcaldías, y 2017, con un 23%, el 18% de 2025 representa una caída significativa. La ausencia de una ley de cuotas de género y la laxitud del CNE en aplicar normativas de paridad agravan esta exclusión, dejando la participación femenina al arbitrio de un régimen que reprime cualquier disidencia.
Un sistema electoral que silencia a las mujeres
La Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación señaló en 2021 que los partidos cumplen parcialmente las normas de paridad del CNE, que exigen un mínimo del 40% y un máximo del 60% por género en candidaturas para concejos municipales. Sin embargo, en 2025, el CNE no emitió regulaciones específicas, aplicando por inercia las de 2021, lo que permitió a los partidos priorizar candidaturas masculinas.
“La falta de voluntad política del CNE perpetúa la marginación de las mujeres”, afirmó la ONG, denunciando la falta de sanciones a los partidos que incumplen.
En los cargos ejecutivos, como las alcaldías, no existe ninguna normativa que promueva la paridad, lo que explica la brecha del 82% de alcaldes hombres frente al 18% de mujeres. Este retroceso contrasta con las elecciones regionales de mayo de 2025, donde cinco mujeres del PSUV fueron electas gobernadoras, un récord que representa el 20% de los estados. Sin embargo, este avance es limitado, ya que el PSUV monopoliza el poder político, restringiendo la diversidad ideológica.
La exclusión de las mujeres en la política venezolana se da en un contexto de represión generalizada. Espacio Público documentó 18 violaciones a la libertad de expresión en julio de 2025, incluyendo la detención de periodistas como Ángel Godoy, lo que limita la visibilidad de las luchas por la equidad. Además, la CSI reportó detenciones arbitrarias de sindicalistas, muchas de ellas mujeres, que exigen derechos laborales en un país donde el salario mínimo es de apenas 5 dólares mensuales. “El régimen de Maduro no solo reprime la disidencia, sino que perpetúa un sistema que margina a las mujeres en todos los ámbitos”, señaló Amnistía Internacional.
El retroceso en la representación femenina en las elecciones municipales de 2025 es un reflejo del autoritarismo del régimen de Maduro, que utiliza el control del CNE para manipular resultados y limitar la participación política. La comunidad internacional, junto con organizaciones como la CIDH, debe presionar por reformas que garanticen cuotas de género y elecciones transparentes. La lucha por la paridad no es solo una cuestión de justicia, sino un pilar esencial para la democracia venezolana. Como afirmó María Corina Machado, “sin la voz de las mujeres, no hay libertad”.
