El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció el 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, dos meses después de ser baleado en un atentado el 7 de junio durante un mitin en el parque El Golfito, en Fontibón. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó su muerte en un desgarrador mensaje en redes sociales: “Siempre serás el amor de mi vida. Descansa en paz, yo cuidaré a nuestros hijos”.
Uribe Turbay, herido de dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, sufrió una hemorragia cerebral el 9 de agosto que lo dejó en estado crítico, pese a múltiples cirugías. Este asesinato, perpetrado por un sicario de 14 años detenido en el lugar, revive el espectro de la violencia política en Colombia y refleja la inestabilidad regional alimentada por el régimen de Nicolás Maduro, que celebra estos actos como una extensión de su represión.
Un crimen que sacude a Colombia
El atentado contra Uribe Turbay, miembro del Centro Democrático y crítico feroz del presidente Gustavo Petro, ocurrió en un contexto de polarización. Un menor de 14 años, identificado como sicario, disparó al menos seis veces con una pistola Glock de 9 mm comprada legalmente en Arizona en 2020, según El Tiempo. El sospechoso gritó: “Lo hice por dinero, por mi familia”, según El País. Las autoridades arrestaron a Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi,” como presunto cerebro del ataque, y un cómplice que realizó reconocimientos previos. La investigación apunta a un asesinato por encargo, pero el motivo sigue bajo análisis, con una recompensa de 3 mil millones de pesos (729,000 dólares) ofrecida por el Ministerio de Defensa.
El asesinato de Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada por el Cartel de Medellín en 1991, reaviva los temores de una violencia política ligada al narcotráfico. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista por EE. UU., según Marco Rubio, y la orden de Trump para usar fuerza militar contra carteles latinoamericanos, señalan al dictador Nicolás Maduro como un actor desestabilizador regional. La liberación de figuras como Alex Saab y los presuntos miembros del Tren de Aragua en un canje de presos evidencia la protección del régimen a redes criminales, mientras reprime a 807 presos políticos, según Foro Penal, y hostiga a defensoras como Andreina Baduel.
Acusaciones de complicidad y polarización
El abogado de Uribe Turbay, Víctor Mosquera, denunció ante la CIDH “graves fallas” en su esquema de seguridad y una “injerencia” del gobierno de Petro en la investigación, según Revista Semana. Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, acusó al discurso de Petro de incitar la violencia, mientras Vicky Dávila señaló directamente al presidente como responsable. Petro condenó el ataque, pero la fuga de un menor de 17 años implicado, reportada por usuarios en X, generó sospechas de complicidad en las autoridades. La CIDH y líderes como María Corina Machado condenaron el atentado, exigiendo protección para candidatos.
El asesinato de Uribe Turbay, en un país donde cinco candidatos presidenciales fueron asesinados entre 1986 y 1990, exige una respuesta internacional. La Corte Penal Internacional debe incluir este caso en sus investigaciones sobre el régimen de Maduro, cuya influencia desestabilizadora trasciende fronteras. Como afirmó Machado, “la democracia en la región está bajo ataque”. La comunidad internacional debe garantizar justicia y seguridad para evitar que la violencia política, alimentada por redes como el Cártel de los Soles, siga cobrando vidas.
