Martha Lía Grajales, activista de derechos humanos y cofundadora de la ONG SurGentes, detenida arbitrariamente el 8 de agosto de 2025 tras participar en una protesta frente a la sede de la ONU en Caracas, fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda. Su esposo, Antonio González Plessmann, confirmó el 12 de agosto que logró contactarla telefónicamente tras más de 60 horas de desaparición forzada, según reportes de Provea y El Nacional. Grajales afirmó estar bien y haber sido tratada con respeto, enviando un mensaje de fortaleza: “Mandó fuerza para la lucha, está convencida de que la defensa de los derechos humanos en Venezuela es una causa justa y correcta”.
Imputación y montaje judicial
El 11 de agosto, el fiscal general Tarek William Saab anunció que Grajales fue imputada por incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación, cargos que la ONG SurGentes denunció como un “montaje judicial”. La única prueba es un acta policial basada en un “ciberpatrullaje” al sitio web de SurGentes, donde se documentan protestas populares, interpretadas como intentos de desestabilización. La organización destacó irregularidades procesales, como la negación de un recurso de habeas corpus y la imposibilidad de nombrar un abogado de confianza. Grajales estuvo incomunicada más de 60 horas, y su audiencia fue privada y telemática, violando el debido proceso.
Contexto de Represión
La detención de Grajales se enmarca en la escalada represiva del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones fraudulentas de 2024. La CIDH y Amnistía Internacional denunciaron un “clima de miedo” con 15 desapariciones forzadas y 2,200 detenciones arbitrarias. El PCV y organizaciones como Provea exigen su liberación, mientras Cazadores de Fake News alertó sobre una campaña de estigmatización en redes que tilda a Grajales de “infiltrada” vinculada a María Corina Machado. El INOF, con un hacinamiento del 185.71% según NTN24, es conocido por abusos contra reclusas como la jueza Afiuni.
