El caso de Alexander Enrique Granko Arteaga, un alto mando militar venezolano sancionado por la Unión Europea (UE) desde 2019 por graves violaciones de derechos humanos, ha generado un escándalo al revelarse su aparente presencia en España recorriendo el Camino de Santiago.
A pesar de que las sanciones europeas incluyen una prohibición explícita de entrada y tránsito en territorio de la UE, Granko publicó el 11 de agosto de 2025 historias en su cuenta de Instagram (@grankoarteagagk) mostrando señales del Camino, una credencial de peregrino sellada en una oficina de la Guardia Civil en Lugo y otros indicios de su viaje.
Esta situación expone fallas en la aplicación de las sanciones y ha provocado demandas de explicaciones por parte del Partido Popular (PP) español, lideradas por el eurodiputado Esteban González Pons.
El perfil de Granko Arteaga y las acusaciones en su contra
Granko Arteaga, de 44 años, es teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo clave en la represión del régimen de Nicolás Maduro. Su carrera incluye roles como escolta de Hugo Chávez y director de inteligencia, donde ha sido vinculado directamente a operaciones represivas. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU (2020-2024) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo acusan de supervisar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas (incluyendo violencia sexual) y ejecuciones extrajudiciales.
Entre los casos más notorios:
- La masacre de El Junquito (2018), donde dirigió la ejecución sumaria del piloto rebelde Óscar Pérez y seis opositores.
- La muerte por tortura del capitán Rafael Acosta Arévalo (2019), bajo custodia de la DGCIM.
- El secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda en Chile (febrero de 2024), donde la Fiscalía chilena lo identifica como presunto líder del comando.
Estas acciones lo convirtieron en objetivo de sanciones internacionales: EE. UU. lo incluyó en su lista en 2019 por corrupción y narcotráfico (vinculado al Cártel de los Soles), seguido por el Reino Unido y Canadá. La UE lo añadió en septiembre de 2019 al Reglamento (UE) 2017/2063, que impone congelación de activos y prohibición de entrada por «violaciones graves de derechos humanos y socavar la democracia».
¿Cómo pudo entrar a España a pesar de las sanciones?
Las sanciones de la UE, actualizadas en noviembre de 2023, obligan a los Estados miembros a impedir la entrada o tránsito de personas listadas como Granko, sin excepciones humanitarias o diplomáticas en su caso. Sin embargo, su aparente viaje revela brechas en la enforcement:
- Fallas en Controles Fronterizos: La UE depende de sistemas como el Sistema de Información de Schengen (SIS) para alertar sobre personas vetadas, pero errores humanos, uso de identidades falsas o pasaportes diplomáticos venezolanos (que Granko podría poseer) permiten evasiones. En 2020, la vicepresidenta Delcy Rodríguez entró a España pese a sanciones similares, generando un escándalo diplomático.
- Especulaciones sobre Evasión: Fuentes como El Español sugieren que Granko podría haber ingresado vía un país no Schengen (como Irlanda o Chipre) y luego movido dentro del área libre de fronteras. Otras hipótesis incluyen corrupción en aduanas o uso de redes de apoyo del régimen (aliados en Rusia o Irán podrían facilitar documentos falsos). No hay evidencia de que haya sido detectado en aeropuertos como Barajas (Madrid), principal entrada desde Venezuela.
- Sellos Oficiales y Peregrinación: Sus publicaciones muestran sellos de la Guardia Civil y hostales en Lugo, lo que implica interacción con autoridades españolas sin detención. Esto podría indicar que no fue identificado o que las alertas no se activaron, un fallo sistémico criticado por ONGs como Human Rights Watch.
No hay explicación oficial del gobierno español (coalición PSOE-Sumar), pero expertos en sanciones, como el think tank European Council on Foreign Relations, señalan que la enforcement varía por país: España ha sido laxa en casos venezolanos, priorizando relaciones diplomáticas con Maduro pese a no reconocerlo formalmente.
Reacciones y demandas de explicaciones
Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, exigió el 12 de agosto explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez: «¿Qué dice el Gobierno?» en X, cuestionando si se incumplió el reglamento UE. Pons, aliado de la oposición venezolana, vincula esto a la «permisividad» de Sánchez con el chavismo, exigiendo una investigación y posible queja ante Bruselas. El PP podría elevar el caso al Parlamento Europeo, donde ya se debate la crisis venezolana post-electoral (con reconocimiento a Edmundo González como presidente legítimo).
Otras reacciones:
- La oposición venezolana (Machado y Borges) lo califica de «provocación».
- ONGs como Amnistía Internacional y el Observatorio para la Protección de Defensores de DDHH llaman a la UE a reforzar sanciones, criticando la «impunidad» que permite a torturadores como Granko viajar.
- En España, medios como ABC y El Mundo especulan sobre un «escándalo diplomático», mientras el Ministerio de Exteriores guarda silencio.
Implicaciones para la UE y Venezuela
Este incidente expone debilidades en el régimen de sanciones UE, que ha vetado a 55 funcionarios venezolanos por represión post-2017. Bruselas podría imponer multas a España si se confirma negligencia, como en casos previos (e.g., sanciones rusas evadidas). Para Venezuela, refuerza la imagen de un régimen impune, con Granko vinculado a torturas en la DGCIM (15 desapariciones forzadas en 2024-2025, per Amnistía). La Corte Penal Internacional investiga estos crímenes, y Chile exige su extradición por Ojeda.
La presencia de Granko en Europa no solo viola sanciones, sino que simboliza el fracaso en contener la represión de Maduro. La Cumbre UE-CELAC (noviembre 2025) debe abordar esto, exigiendo accountability. Como afirmó Machado, “la justicia transnacional es clave para desmantelar el terror del régimen”.
