El régimen de Nicolás Maduro intensificó su control represivo al prohibir el uso, compra, venta, fabricación y capacitación de drones en todo el territorio venezolano, según un decreto publicado en la Gaceta Oficial número 6.927 el 18 de agosto de 2025. Esta medida, que exime únicamente a los órganos de seguridad y defensa del Estado, responde a lo que Maduro considera una «amenaza» de Estados Unidos, tras el aumento de la recompensa por su captura a 50 millones de dólares por liderar el Cartel de los Soles, acusado de narcotráfico.
La prohibición, en un contexto de creciente presión internacional y militar, evidencia el temor del régimen a perder el control ante posibles operaciones de inteligencia o protestas internas.
El decreto refuerza regulaciones previas del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), implementadas tras el atentado fallido contra Maduro en agosto de 2018, cuando drones cargados de explosivos fueron usados en un acto público. Desde entonces, los propietarios de drones debían registrar sus dispositivos y obtener licencias, especificando su uso (recreativo, privado o comercial). También se prohibía volar cerca de aeropuertos, aglomeraciones, autoridades o instalaciones estratégicas como cárceles y refinerías. La nueva medida elimina cualquier posibilidad de uso civil, consolidando el control estatal sobre el espacio aéreo.
Paranoia y represión: El contexto de la prohibición
La prohibición llega en un momento crítico para Maduro, con Estados Unidos desplegando tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson) cerca de las costas venezolanas, según Reuters, para combatir al Cartel de los Soles. Marco Rubio confirmó el operativo como una respuesta a la «amenaza a la seguridad nacional» que representa Maduro, mientras Pam Bondi reveló incautaciones de 700 millones de dólares en activos del régimen. Jesús Daniel Romero, exoficial naval, afirmó que estas fuerzas «tienen la habilidad de llegar a las costas de Venezuela», intensificando el cerco.
La prohibición de drones busca limitar la capacidad de la sociedad civil para documentar abusos o coordinar protestas, especialmente tras el impacto de figuras como María Carolina Chirinos, cuya familia fue detenida por sus críticas al régimen.
