El centro de Caracas, sede del poder político, se encuentra bajo una vigilancia discreta desde que Estados Unidos anunció el despliegue de 4,000 soldados, principalmente infantes de marina, en aguas del Caribe y Latinoamérica, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), vestidos de civil y en vehículos sin placas, patrullan la ciudad, atentos a cualquier amenaza contra los privilegios de la élite gobernante, según NTN24.
Este operativo, contrario a las estrategias públicas de seguridad anteriores, refleja la tensión interna tras la designación del Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista global por EE. UU., con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Maduro condecoró a funcionarios de la Dgcim, encapuchados, «por su incansable trabajo» contra bandas criminales, mientras impone una línea de discreción similar a la que precedió las elecciones del 28 de julio de 2024, consideradas la mayor ola de detenciones en la historia reciente. Mario Silva, conductor de La Hojilla en VTV, criticó la falta de apoyo de China y Rusia, mientras Maduro lanza advertencias veladas contra «cobardes» y «disfrazados» dentro de sus filas, acusándolos de debilidad y deslealtad. Describió las acciones de EE.UU. como «amenazas estrafalarias» del «supremacismo imperialista», prometiendo resistir cualquier ofensiva y defender la soberanía.
El Pentágono desplegó destructores como el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, un escuadrón anfibio con buques como el USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, y un submarino nuclear clase Virginia, buscando intelligence, vigilancia y potenciales ataques selectivos. Karoline Leavitt reafirmó: «El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo acusado en EE.UU. de tráfico de drogas». Esta operación, la más contundente desde la invasión a Panamá en 1989, busca desmantelar redes que trafican 250 toneladas de cocaína anuales, según la DEA.
