Wilder Anderson Vásquez, nacido alrededor de 1993 (tenía 25 años al momento de su detención), era estudiante del quinto semestre de comercio internacional en una universidad en Caracas, según TalCual. No tenía una trayectoria política activa ni afiliación a partidos, pero como estudiante universitario, se vio envuelto en el contexto de las protestas de 2017-2018 contra el gobierno de Maduro, que dejaron decenas de detenidos juveniles. Su detención lo vinculó indirectamente a la oposición, ya que el régimen lo presentó como parte de una red de «terroristas» ligada al atentado con drones de agosto de 2018, según el Ministerio Público.
Vásquez era un joven común, sin antecedentes de activismo, pero el gobierno lo estigmatizó bajo el alias «Capo», acusándolo de ocultar a Henryberth Rivas, uno de los supuestos operadores del magnicidio, según Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicación, citado en TalCual. Su madre, Sol Velásquez, lo describió como un estudiante dedicado, sin involucramiento en actividades delictivas, según La Gran Aldea. Este perfil de «estudiante inocente» resalta cómo el régimen criminaliza a la juventud para disuadir protestas, según Amnistía Internacional.
Detención como preso político
El 11 de octubre de 2018, Wilder Vásquez fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, vinculado al intento de magnicidio con drones contra Maduro el 4 de agosto de 2018, según TalCual. Seis días después, Jorge Rodríguez lo presentó en televisión como «Capo», acusándolo de mantener bajo resguardo a Henryberth Rivas y de participar en el financiamiento logístico del grupo, según el mismo artículo. La detención ocurrió sin flagrancia ni orden judicial clara, configurando una detención arbitraria, según Justicia y Proceso.
Imputado por «encubrimiento en delito de terrorismo», Vásquez fue recluido en El Helicoide, sede del SEBIN. En agosto de 2022, la jueza Hennit Carolina López lo condenó a 5 años de prisión, un proceso criticado por falta de pruebas y violaciones al debido proceso, según La Gran Aldea. Su defensa apeló, pero el Tribunal 1° de Ejecución de Caracas demoró la boleta de excarcelación, incluso después de cumplir su pena en octubre de 2023, según TalCual. A noviembre de 2023, llevaba 21 días esperando la boleta, y a marzo de 2024, 5 meses, según La Gran Aldea.
Condiciones de detención y estado de salud
En El Helicoide, Vásquez sufrió tratos crueles e inhumanos, incluyendo aislamiento, negligencia médica y amenazas, según su abogada Tamara Suju, citada en TalCual. Su madre, Sol Velásquez, denunció la demora en la boleta como un acto de crueldad, según La Gran Aldea. No se reportan problemas de salud específicos, pero las condiciones generales en El Helicoide, con hacinamiento y falta de atención, son letales, según Human Rights Watch.
Reacciones nacionales e internacionales
La detención de Vásquez generó condena. Justicia y Proceso denunció la negación de actas judiciales a sus abogados, según TalCual. Tamara Suju exigió su liberación, destacando tratos inhumanos, según el mismo artículo. El CNP y SNTP incluyeron su caso en listas de periodistas y estudiantes perseguidos, según El Nacional. Foro Penal lo catalogó como preso político, exigiendo su excarcelación, según su reporte de 2020.
Internacionalmente, Amnistía Internacional y la CIDH documentaron su caso como arbitrario, según Al Jazeera. La ONU solicitó investigaciones sobre detenciones juveniles, según su informe de 2019.
