Este martes, la Corte Penal Internacional (CPI) aceptó formalmente la solicitud del fiscal Karim A. Khan de apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras considerar la existencia de un posible conflicto de intereses que pudiera interferir en el proceso, de acuerdo con el artículo 42(7) del Estatuto de Roma y la regla 35 del reglamento de Procedimiento y Prueba.
Cinco jueces de apelaciones de la CPI habían solicitado a Khan que se separara del caso el 1° de agosto porque su cuñada, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que representa a Nicolás Maduro. Para la Presidencia de la CPI, este vínculo familiar y profesional «podría llevar a un observador imparcial y razonable a temer la existencia de parcialidad», lo que justifica la excusa del fiscal. El caso Venezuela I se mantendrá bajo supervisión del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.
Esta decisión surge en un momento crítico, ya que en diciembre del 2024 el panel de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela le solicitó a la Fiscalía de la CPI que se pronuncie sobre el patrón de desaparición forzada que estaría aplicando el régimen de Nicolás Maduro a sus opositores.
Santiago Cantón, presidente del panel de expertos de la OEA, aseguró que se estaba «acercando un momento en que el fiscal (de la CPI) tome una decisión importante para continuar con la investigación». Este domingo, un grupo de venezolanos decidió declararse en huelga de hambre frente a la sede de la CPI en La Haya para exigir al tribunal que acelere las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
«Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela», dijo Damarys Bello, quien afirmó que la huelga de hambre es una petición directa al tribunal internacional.
Esta acción ocurre en un contexto de creciente presión internacional contra Maduro, tras la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global por EE. UU., con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
