El centro de investigación y pensamiento estratégico Laboratorio de Paz (LabPaz) catalogó de inconstitucional el reclutamiento forzoso en la campaña «Yo me alisto», impulsada por el régimen venezolano como respuesta a la operación contra carteles del narcotráfico en el Caribe.
Diversos testimonios señalan que esta campaña ha derivado en prácticas de alistamiento forzoso de personas, incluyendo empleados públicos y adolescentes, así como en la obligación impuesta de realizar videos en apoyo a la iniciativa. Según LabPaz, estas acciones constituyen «violaciones graves de los derechos humanos, contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado».
Testimonios relatados a Infobae del reclutamiento forzoso en varias regiones del interior del país no se concretan a la zona minera del estado Bolívar. También en poblaciones de los estados Falcón y Portuguesa reclutaron a jóvenes de los pueblos. Un empleado de la gobernación de Aragua relató a Infobae que el viernes 29 de agosto fueron obligados a asistir a una jornada en la plaza Bolívar de Maracay, a un acto con la gobernadora Joana Sánchez, donde todos fueron forzados a inscribirse en la milicia. «Es de enfermos saber que vienen por ti, y pensar que no te vas a ir solo y quieres arrastrar a unos cuantos contigo, no importa si ese arrastre sea que pierdan la vida en una confrontación armada», expresó.
LabPaz destaca que desde el 23 y 24 de agosto de 2025, las autoridades venezolanas convocaron a una «Gran Jornada Nacional de Alistamiento» en plazas Bolívar y unidades militares del país, con el objetivo de activar más de 4,5 millones de milicianos.
Nicolás Maduro informó que «8 millones 200 mil venezolanos se habían inscrito en el alistamiento militar». Sin embargo, LabPaz considera que esta campaña busca movilizar a amplias capas de la población «como milicianos activos en un contexto de tensión política internacional, y como parte del modelo de defensa integral civil-militar sostenido por el régimen bolivariano».
El centro de investigación argumenta que el alistamiento forzoso y la obligación de participar en actividades militares son «inconstitucionales y vulneran el derecho a la objeción de conciencia». Citan el artículo 134 de la Constitución de 1999, que establece que «nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso», y el artículo 61, que reconoce la libertad de conciencia como derecho humano fundamental.
Además, recuerdan que el derecho a la objeción de conciencia está consagrado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela, y que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado que toda persona tiene derecho a ser eximida del servicio militar obligatorio si este contradice sus convicciones religiosas, éticas o políticas.
LabPaz exhorta a las víctimas de alistamiento forzoso a transmitir sus denuncias al correo electrónico labpazve@gmail.com, garantizando la confidencialidad de su identidad. Asimismo, demandan el cese inmediato de las prácticas de alistamiento forzoso y la coacción sobre trabajadores del sector público, y que ningún derecho fundamental, como la educación, el trabajo, la identidad o la movilidad, quede condicionado a la participación en la campaña «Yo me alisto». Insisten en que el Estado venezolano debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el sistema interamericano.
Estas denuncias se producen en un contexto de creciente presión internacional contra Maduro, tras la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global por EE. UU., con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
