El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertó este domingo sobre la crítica situación del sindicalista Daniel Romero, recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo I, tras registrarse un presunto intento de suicidio durante el fin de semana.
Según informó la organización en un comunicado difundido en la red social X, testigos reportaron el ingreso de una ambulancia al penal y confirmaron posteriormente que el traslado estaba relacionado con el delicado estado de Romero. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre su condición de salud ni sobre su paradero, lo que mantiene en angustia a sus familiares.
El Comité recordó que desde 2024 tanto allegados como organizaciones de derechos humanos habían advertido sobre el deterioro de la salud del sindicalista, quien presentaba afecciones en el sistema nervioso y en la mano izquierda, además de las condiciones de reclusión que calificaron como «inhumanas».
«El Rodeo I se ha convertido en un centro de aislamiento, tratos crueles e inhumanos, donde la salud y la vida de los privados de libertad -incluyendo sindicalistas, militares y dirigentes políticos- se encuentran en permanente peligro», denunció la organización.
Ante esta situación, el Comité exigió a las autoridades información inmediata, clara y verificada sobre la situación de Daniel Romero, garantías de acceso a atención médica urgente, adecuada e independiente, y el cese de condiciones de reclusión que constituyen tortura y violaciones graves a los derechos humanos. Finalmente, la organización expresó su solidaridad con la familia de Romero y con todas aquellas que enfrentan la incertidumbre de no conocer la verdad sobre sus seres queridos.
Romero fue detenido en junio de 2023 en el estado Bolívar junto al activista Leonardo Azócar, liberado el año pasado, de acuerdo con información de la agencia EFE. Ambos hombres eran miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), y fueron arrestados, tal y como han denunciado organizaciones de derechos humanos, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Cuando Azócar fue excarcelado, el coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, afirmó que las detenciones de los dirigentes sociales no eran casos aislados.
Este caso se suma a una lista de 816 presos políticos reportados por Foro Penal, con un aumento significativo en detenciones arbitrarias. La CIDH denuncia 15 desapariciones forzadas en un año, mientras Amnistía exige acción en la Cumbre UE-CELAC. La comunidad internacional debe actuar contra un narcoestado que perpetúa el terror, mientras la verdad exige justicia inmediata para un pueblo oprimido por Maduro.
