El régimen de Nicolás Maduro intensificó su maquinaria represiva tras las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, según un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU presentado en Ginebra. El documento, entregado al Consejo de Derechos Humanos, concluye que la persecución política, calificada como crimen de lesa humanidad, se agravó con 25 asesinatos en protestas, más de 2.200 detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual, evidenciando un ataque sistemático contra defensores de la democracia y los derechos humanos.
La Misión, liderada por la abogada portuguesa Marta Valiñas, documentó que las fuerzas de seguridad, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la 99ª Brigada del Ejército, dispararon contra manifestantes en ciudades como Maracay, causando seis muertes, una por disparo de escopeta a menos de 10 metros. De las 25 víctimas fatales entre el 28 y 30 de julio, 14 fueron investigadas, con 12 atribuidas a cuerpos de seguridad. El régimen de Maduro, sin embargo, culpa a la oposición, sin pruebas, mientras la Fiscalía no ha avanzado en investigaciones, dejando los casos en impunidad.
“Señoras y señores delegados, la Misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas… En otros casos se mantenía suspendidos a los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados. Las condiciones de detención en centros como Tocorón, Tocuyito, Rodeo 1 o La Crisálida pueden alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes”, señaló Marta Valiñas
El informe, que cubre de septiembre de 2024 a agosto de 2025, destaca la detención de familiares de opositores como táctica de represalia. Estas acciones, que incluyen tratos crueles y generan temor social, afectan a familias como la Baduel, hostigada recientemente con un dispositivo sospechoso en el vehículo de Margareth Baduel.
Valiñas anunció un próximo informe sobre la responsabilidad de la GNB en violaciones sistemáticas, reforzando la investigación de la Corte Penal Internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. El régimen, que niega las acusaciones, califica las protestas como intentos desestabilizadores, pero la Misión desmiente su narrativa.
