Venezuela es un país que pese a estar expuesta a amenazas geológicas y climáticas como sismos, inundaciones y deslaves, carece de un sistema de alerta temprana nacional que utilice la infraestructura de telecomunicaciones.

Países vecinos envían notificaciones directas a los teléfonos celulares, pero en Venezuela la alerta masiva sigue dependiendo de métodos obsoletos, siendo esta deficiencia tecnológica un aspecto que expone a millones de ciudadanos a un riesgo innecesario.

El silencio del celular ante el riesgo

La deficiencia más notoria del sistema en Venezuela es la ausencia de alertas a través de mensajes de textos o notificaciones push directas a los dispositivos móviles.

Esta herramienta es la más eficaz para avisar a la población de un peligro inminente, como un sismo o una crecida fluvial, pero permanece inactiva.

Organismos técnicos en Venezuela como el Inameh o el Funvisis monitorean las variales de riesgo, sin embargo su labor solo culminan al emitir avisos a las autoridades de Protección Civil.

Con información de El Nacional

La brecha tecnológica: Cell Broadcast ausente

La razón principal es la falta de implementación de tecnología especializada para la difusión de emergencias. A diferencia de Chile, México o Japón, Venezuela no ha puesto en marcha un sistema de Cell Broadcast (difusión celular). Esta tecnología permite a las autoridades enviar un mensaje prioritario y simultáneo a todos los teléfonos celulares en una zona geográfica específica, incluso si la red está saturada.

La inacción se debe a dos grandes obstáculos entrelazados. El primero es la brecha tecnológica: implementar y mantener esta infraestructura masiva requiere de una inversión significativa en hardware y software. El segundo es la coordinación política entre el Estado y las operadoras de telefonía, un acuerdo que la prolongada crisis económica y la falta de divisas han hecho inviable.

La degradación de la infraestructura de telecomunicaciones
La operatividad del SAT depende intrínsecamente de una red de telecomunicaciones funcional y robusta. La crisis económica y la falta de inversión sostenida han deteriorado la infraestructura de las operadoras móviles y fijas. Una red débil no puede garantizar que las alertas lleguen de forma oportuna a la población en momentos de emergencia, cuando la demanda de la red se dispara.

Esta situación condena a las comunidades a depender de sistemas de alerta muy localizados, a menudo rudimentarios. Existen ejemplos de éxito, como los desarrollos comunitarios para monitorear el río Milla en el estado Mérida, que utilizan pluviómetros o murales de colores. No obstante, estos esfuerzos son la excepción y no sustituyen una estrategia de alcance nacional.

El reto del financiamiento y las prioridades

El gobierno ha manifestado en ocasiones la intención de «perfeccionar y modernizar» los sistemas de alerta temprana. Incluso se ha mencionado la cooperación con países como China para la adquisición de tecnología. Sin embargo, estas declaraciones no se han traducido en una ejecución efectiva o en la activación de la plataforma de difusión móvil.

La inversión en seguridad y prevención de desastres compite directamente con otras necesidades primarias y urgentes del país. Los recursos limitados se priorizan, y la modernización tecnológica del SAT, pese a su importancia vital, queda relegada frente a la crisis general de la infraestructura venezolana. Esto mantiene a la mayoría del territorio nacional en estado de vulnerabilidad.

¿Qué se requiere para activar los alertas por teléfonos celulares?

Venezuela posee el conocimiento técnico para el monitoreo de riesgos, pero sufre de una parálisis en la difusión de las alertas a la población.

La ausencia de un sistema masivo y moderno, transmitido por teléfonos celulares, es un reflejo directo de la profunda crisis económica y la consecuente desinversión en infraestructura tecnológica. Superar el riesgo del «aviso de palabra» requiere de voluntad política, acuerdos con el sector privado de telecomunicaciones y una inversión estratégica que eleve la protección de la ciudadanía a una prioridad nacional ineludible.