La ONG Provea ha advertido la creación de las Áreas de Defensa Integral representa un «paso crucial hacia la militarización total» de Venezuela, además afirmó que podría derivar en mayores restricciones a los Derechos Humanos.
La medida fue firmada por el régimen madurista el 22 de septiembre y publicada en Gaceta Oficial, la cual ordena la activación de las ADI en los 335 municipios de Venezuela como parte de la estructura militar conformada por las Zonas Operativas de Defensa Integral y las Regiones Estratégicas de Defensa Integral.
Estas áreas tendrán la tarea de ejecutar operaciones para la “defensa integral de cada jurisdicción” y reforzar la seguridad territorial ante el poderoso despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
Con información de El Nacional
Da “nuevo oxígeno” a un proceso de militarización
El decreto señala que el Estado “tiene la obligación de preservar la integridad territorial, soberanía, defensa e identidad nacional” y subraya que el territorio venezolano no podrá ser cedido ni ocupado por agentes externos.
Provea considera que este decreto da “nuevo oxígeno” a un proceso de militarización que, asegura, ya ha tenido consecuencias negativas en el país.
Recordó que operativos como Patria Segura, Operación Liberación del Pueblo, Plan Zamora, Trueno, Escudo Bolivariano y Relámpago del Catatumbo han derivado en violaciones de los derechos humanos bajo la lógica de la seguridad nacional.
Sostuvo que al convertir cada municipio en un espacio de control militar, se elevan los riesgos contra los derechos de libre asociación, reunión y expresión pacífica.
Además, relaciona la decisión con un aumento de la presencia militar en comunidades populares, donde en semanas recientes se han desplegado tanquetas y funcionarios, simultáneamente con llamados a entrenamientos militares.
“(Las) comunidades populares están llenas de tanquetas y cientos de soldados. Las mismas comunidades que, tras protagonizar las protestas poselectorales, fueron víctimas de allanamientos masivos y actos de hostigamiento mediante la instalación de centenares de dispositivos de cerco policial-militar que generaron un severo impacto en la vida del núcleo familiar y constituyeron actos de terrorismo de Estado”, expresó la organización.
