La ONG Súmate ha ha reiterado que su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, está «detenida injustamente» desde hace 400 días, por lo que ha exigido la anulación del proceso judicial, al asegurar que se encuentra «viciado».

A través de una publicación en la red social X (Twitter), la ONG ha solicitado que a Sánchez se le respeten sus «garantías y derechos humanos establecidos en la Constitución y leyes» de Venezuela.

«Ante las numerosas y graves irregularidades cometidas en este proceso judicial en su contra, el Estado venezolano está obligado a intervenir, lo cual implica su anulación por estar viciado de absoluta nulidad», afirmó.

Con información de EFE / Efecto Cocuyo

De igual forma, la ONG añadió que el Estado debe proceder a las «acciones reparadoras de los daños morales y físicos ocasionados» a Sánchez ante la que describió como una «privación injusta» de la libertad de la activista «en este período de un año y un mes».

Súmate ha denunciado en varias ocasiones que el proceso judicial contra Sánchez «está viciado de nulidad absoluta» debido -según ha explicado- a que un tribunal admitió cinco cargos «promovidos por la Fiscalía y ordenó su enjuiciamiento con base en pruebas forjadas en el acta policial del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)».

Coordinadora de Súmate tiene más de un año presa

Sánchez -detenida el 26 de agosto de 2024 por funcionarios del Sebin- enfrenta los presuntos delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, que Súmate asegura no cometió.

La detención de la activista se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en Venezuela después de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, un momento en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, alertó sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del chavismo.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la integrante de Súmate, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».