La Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado el cierre de su oficina en Caracas ante la falta de avances concretos en la cooperación del régimen de Nicolás Maduro, sin embargo se reafirma que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela sigue activa y centrada.
Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto de la CPI, fue quien realizó el anunció en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, celebrada en La Haya.
“Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, declaró Niang.
“Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley”, añadió.
Un año de advertencias ignoradas
La decisión se produce un año después de que el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, advirtiera que “el camino de la complementariedad se está agotando”. En su discurso de 2024, Khan lamentó la falta de implementación de reformas legales y prácticas por parte del régimen venezolano, y subrayó que “la pelota está en el tejado de Venezuela”.
Desde entonces, la Fiscalía ha acelerado sus actividades de recolección de pruebas, estableciendo plazos concretos y colaborando con socios internacionales para documentar violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La semana pasada, la CPI ratificó que la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014 sigue en curso y no se ha visto afectada por la decisión de su fiscal principal, Karim Khan, de excusarse del caso.
En un video difundido en las redes sociales oficiales de la Corte, el funcionario de Información Pública Francisco González Centeno explicó que la Presidencia de la CPI aceptó en septiembre la solicitud de Khan de apartarse de la investigación, tras una instrucción de la Sala de Apelaciones. La medida se tomó debido a que un familiar del fiscal había integrado el equipo jurídico de Venezuela ante la Corte, lo que podía generar dudas sobre su imparcialidad.
“El hecho de que el Fiscal se haya excusado no tiene ningún impacto en la investigación en sí ni en otras actividades de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela, que continúan bajo la dirección del fiscal adjunto Niang”, aclaró González Centeno.
El organismo recordó que, si se solicitaran órdenes de arresto o citaciones para comparecer, estas serían presentadas ante los jueces de la Corte, quienes decidirían caso por caso. Por norma, tales solicitudes permanecen en secreto, aunque los magistrados pueden hacerlas públicas para interrumpir conductas delictivas, disuadir nuevos crímenes o facilitar detenciones.
La CPI reiteró que su trabajo sobre Venezuela “no se ha detenido” y que continuará avanzando en la búsqueda de justicia frente a los crímenes denunciados por víctimas y organizaciones internacionales.
