Tras la muerte del exgobernador del estado Nuevas Esparta, Alfredo Díaz, son al menos 25 los presos políticos que han fallecido bajo custodia del régimen desde el año 2015, ocho de ellos fueron asesinados “lentamente” en tan solo un año. Durante este periodo, cinco muertes ocurrieron en el centro de torturas más grande de Latinoamérica, El Helicoide.
“En un año y varios días, mataron a mi padre”, fueron las palabras de Daliannys Díaz, hija del exgobernador, a través de en un video publicado en TikTok donde aseguró que su padre tenía problemas de salud previos a su detención y que las autoridades hicieron caso omiso a la necesidad de un tratamiento. Así mismo denunció que durante el año que pasó en prisión sufrió desmayos, falta de oxígeno, dolores en el pecho y convulsiones.
Al igual que la mayoría de los casos de muertes en cautiverio, el régimen respondió con un inaudito comunicado a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios, en el que admitió que Alfredo Díaz se les murió bajo custodia, supuestamente de «infarto del miocardio» por el que fue llevado al Hospital Universitario donde falleció.
Hecho y reacción similar al de otras muertes emblemáticas bajo custodia del Estado, como la del exministro de defensa en 2021, el Genera Raúl Isaías Baduel, que según el fiscal general Tarek William Saab, murió de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de la covid-19.
Helicoide, el “museo” de la muerte
Lo que llegó a ser una edificación extraordinaria y original, reconocida en su momento por grandes artistas como Salvador Dalí y Pablo Neruda, ha sido convertida por el régimen en el centro de detenciones de dirigentes políticos por excelencia. Un lugar que infunde miedo y está sujeto a la discrecionalidad del SEBIN, la policía política del régimen.
Identificado por organismos internacionales como el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Ahí, han estado detenidos junto a criminales cientos de presos políticos tras las protestas masivas en contra de Nicolás Maduro desde 2014, época en la que de acuerdo a la ONG Foro Penal, al menos 3.000 personas fueron encarceladas.
Hoy, es promocionado como el “Museo Histórico de la Policía Nacional Bolivariana” y constituye una “banalización del sufrimiento humano” según defensores de derechos humanos: “Le quieren lavar el rostro montando gimnasios y eventos deportivos”, señala el abogado Marino Alvarado, ex coordinador de Provea, quien puntualiza que la promoción del Helicoide como museo “es una burla a las víctimas”.
Por su parte la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, precisa que desde 2014, un año después del ascenso de Nicolás Maduro al poder, en el Helicoide, centro de torturas más grande de Latinoamérica, ha sido el escenario del que surgen más acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes, presos políticos, periodistas y activistas detenidos y puestos en cautiverio.
En este mismo lugar también se inauguró el llamado “Museo de las Guarimbas” como parte de la narrativa oficial que busca deslegitimar las protestas sociales, presentándolas exclusivamente como actos violentos, sin reconocer su raíz en exigencias legítimas de derechos, democracia, servicios básicos, justicia y libertad.
Tortura, una práctica común
“Las muertes en custodia son un reflejo de la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU en un informe publicado en septiembre de 2024.
Así mismo organizaciones locales e internacionales coinciden en que el Estado venezolano es directamente responsable de estas muertes: “El derecho internacional obliga a los gobiernos a garantizar la vida e integridad de los detenidos, pero en Venezuela esto se ignora deliberadamente”, señaló HRW en su informe de noviembre de 2024.
“Nicolás Maduro tiene triple responsabilidad ante la Corte Penal Internacional y ante la comunidad internacional, la penal individual de acuerdo al Estatuto de Roma; la responsabilidad penal como Jefe de Estado y la responsabilidad jerárquica como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”, explica Walter Márquez, historiador y exdiputado de la República.
Es importante destacar que, según registros independientes, al menos cinco presos políticos más tienen diagnósticos de cáncer y requieren atención de urgencia, mientras que otros 15 tienen afectaciones con enfermedades cardiovasculares y neurológicas.
Así mismo, al menos 21 personas sufren complicaciones múltiples por enfermedades renales y existen otros 19 casos de presos políticos con diversas patologías derivadas de lesiones no atendidas por autoridades que les ha ocasionado un notable deterioro físico.
Disminuye cifra de detenidos: Aumenta la de muertes
Las cárceles del régimen se han convertido en espacios de tortura, tratos crueles, aislamientos prolongados y negación de atención médica y defensa privada, principales preocupaciones de las organizaciones no gubernamentales y familiares de los detenidos por tratarse de los elementos por el que han muerto al menos 25 personas en custodia durante los últimos 10 años, incluyendo al exgobernador Alfredo Díaz.
También hay que recordar a quienes, tras ser excarcelados, murieron producto de las condiciones inhumanas y torturas recibidas durante su cautiverio, por ejemplo, en los casos de Wilmer García, Yenny Lucía Barrios y Jonatahan Rodríguez, todos en 2025.
Incluso, la muerte de Fernando Martínez Mottola, quien permaneció asilado durante meses en la Embajada de Argentina en Caracas, tiempo durante el cual su salud se deterioró gravemente.
A ellos, se suman otras muertes emblemáticas en años anteriores, todas víctimas de las torturas del régimen, tal fueron los casos de Fernando Albán; Rodolfo González; Carlos Andrés García; el capitán Rafael Acosta Arévalo; Salvador Franco; Rodolfo González Martínez “El Aviador”; Rafael Arreaza Soto; y Pedro Pablo Santana de 75 años.
Todos murieron bajo custodia del Estado, y un tercio de esas muertes ocurrieron en El Helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica.
