La ONG Foro Penal ha informado que los acusados de asaltar en el 2017 un fuerte militar en el estado Carabobo, del que militares rebeles extrajeron armamentos, fueron condenados a 30 años de prisión.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, señaló que este viernes fue impuesta la condena a «todos los acusados en el caso Paramacay», entre ellos los que se encontraban con medidas cautelares.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que 23 personas fueron condenadas por este caso, de las cuales 17 se encontraban detenidas desde hace más de ocho años y otras seis permanecían con medidas cautelares. La organización aseguró que los familiares de los detenidos denunciaron que la sentencia se dio «en medio de un proceso que desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso».
Con información de EFE / Alberto News
Para la ONG, este fallo «no es un evento aislado, sino que se inscribe en un patrón sistemático donde la forma jurídica se mantiene solo como una fachada».
«Al vulnerar reiteradamente el debido proceso, se rompe el pacto social básico que protege al ciudadano frente al poder del Estado, y se marca un precedente peligroso en el que la indefensión se institucionaliza», subrayó la organización.
En el asalto al fuerte Paramacay, militares insurrectos robaron armas de la Brigada 41, en la ciudad de Valencia, capital de Carabobo, y huyeron junto a un grupo de cómplices, pese a que dos de ellos fueron abatidos por soldados fieles al Gobierno de Nicolás Maduro y otros siete aprehendidos.
En un video difundido entonces, un grupo de hombres vestidos de militares, quienes portaban armas largas, acompañaron al «capitán Juan Caguaripano», ahora detenido, quien dijo declararse «en rebeldía» contra la que calificó como «tiranía asesina de Nicolás Maduro», aunque precisó que no se trataba de un «golpe de Estado».
Caguaripano explicó entonces que esa era una «acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional» y para «salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos» de jóvenes y familiares.
El militar era miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), quien en 2014 hizo pública su oposición a la revolución bolivariana por la «represión» a las protestas antigubernamentales de entonces, que se saldaron con 43 fallecidos, según datos oficiales.
