María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, ha hecho pública su denuncia sobre los tratos crueles contra extranjeros secuestrados y encerrados en la Cárcel de El Rodeo I.
Gómez asegura haber recibido información que la llevó a denunciar los hechos de tortura psicológica y amenazas de muerte contra personas privadas de libertad y vulneradas en sus derechos humanos.
Gómez también denunció el nivel de violencia que viven estos ciudadanos refleja la conducta de los custodios y autoridades del centro penitenciario, además cuestionó directamente al director del centro, a quien calificó como responsable de permitir los tratos degradantes contra personas que llevan meses aisladas e incomunicadas de sus familias.
Gómez señala que ejercer poder sobre los detenidos en esas condiciones no constituye fortaleza, sino una práctica inhumana.
Con información de Monitoreamos
En su denuncia pública, responsabilizó de manera directa a Nicolás Maduro, así como al ministro del Interior del régimen Diosdado Cabello; al fiscal general Tarek William Saab y al director del penal, por cualquier hecho que pueda ocurrirle a los extranjeros recluidos en ese centro de detención.
Gómez afirmó que Nahuel Agustín Gallo es inocente y que mantenerlo en desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad. Exigió su liberación y su regreso sano y salvo a casa, subrayando que, tras 379 días de detención, la denuncia no cesará y será reiterada todos los días hasta que su pareja recupere la libertad.
Por otra parte, otros familiares de detenidos extranjeros también denunciaron que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) amenazaron de muerte a presos, incluidos extranjeros, en la cárcel El Rodeo I si Estados Unidos ataca Venezuela.
«Si Estados Unidos nos toca, ustedes serán los primeros en morir», habrían dicho los agentes represores del régimen de Maduro.
Entre los detenidos en este centro de torturas se encuentra el italiano Alberto Trentini, preso desde hace más de un año.
Ante esta situación, las ONG alertan que los reclusos son usados como mecanismo de presión política.
