Este 15 de enero del 2026 marca un nuevo aniversario del fallecimiento de Óscar Alberto Pérez, el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro. Su muerte se le denomina «Masacre de El Junquito» continúa resonando en la memoria colectiva del pueblo venezolano como un acto de sacrificio por la libertad de la nación.
Pérez se convirtió en el hombre más buscado por las autoridades tras sobrevolar Caracas en un helicóptero policial en el 2017. Durante el trayecto se desplegó una pancarta con la consigna «350 Libertad», invocando el artículo de la constitución que ampara el derecho de los ciudadanos a desconocer cualquier régimen que menoscabe los Derechos Humanos fundamentales.
Antes de esta rebelión, Pérez prestó servicio durante 16 años en el Cicpc, donde se destacó como un piloto y operador táctico altamente entrenado, además incursionó en el mundo del cine, protagonizando la película venezolana «Muerte Suspendida», una obra de acción que buscaba resaltar los valores de la institución policial y combatir la criminalidad en los sectores más populares en Venezuela.
Con información de El Nacional / Alberto News
De la gran pantalla a la rebelión armada
Tras el ataque simbólico al Tribunal Supremo de Justicia, el oficial pasó a la clandestinidad absoluta, utilizando las redes sociales para llamar a una rebelión popular y militar. En diciembre de 2017, lideró la «Operación Génesis», un asalto a un comando de la Guardia Nacional donde sustrajo armas para su movimiento disidente.
El régimen respondió calificándolo de «terrorista» y emitió alertas nacionales e internacionales para su captura inmediata. Pérez denunció que el régimen le había quitado todo, saqueando su vivienda y persiguiendo a sus hijos en el exilio. Aun así, se mantuvo firme en su mensaje, asegurando ser un patriota nacionalista e institucionalista.
La mañana del 15 de enero de 2018, fuerzas de seguridad localizaron su escondite en una vivienda del kilómetro 16 de El Junquito. El operativo, llamado «Operación Gedeón», involucró a más de 600 funcionarios y grupos parapoliciales conocidos como colectivos, quienes rodearon la edificación durante nueve horas de asedio constante.
La controversia sobre una supuesta ejecución
Durante el ataque, Pérez publicó más de una decena de videos en Instagram donde manifestaba su clara decisión de entregarse. Con el rostro ensangrentado, el inspector gritaba que no dispararan porque había civiles y niños presentes, denunciando que las autoridades tenían la orden de asesinarlos en lugar de capturarlos.
El ministro Néstor Reverol informó posteriormente que el grupo había abierto fuego contra los funcionarios, obligando a las fuerzas de seguridad a «neutralizar» a siete «terroristas». El oficialismo defendió el procedimiento, asegurando que los rebeldes intentaron detonar un vehículo cargado de explosivos, lo que resultó en la muerte de dos policías nacionales.
Sin embargo, testimonios de vecinos y las grabaciones del propio Pérez contradicen la versión gubernamental del enfrentamiento. La oposición y diversas ONG calificaron el suceso como una ejecución extrajudicial. El uso de lanzacohetes RPG-7 contra una vivienda donde se solicitaba rendición fue visto como una violación grave de los protocolos internacionales.
Evidencias forenses y el camino a La Haya
Tras la masacre, el cuerpo de Pérez fue trasladado a la morgue de Bello Monte bajo estricta custodia militar. El entierro se realizó de forma repentina en el Cementerio del Este, sin permitir un velorio y con acceso restringido para sus familiares. El acta de defunción reveló que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico por disparo.
La exfiscal Luisa Ortega Díaz presentó más de 300 fotografías del cadáver ante la Corte Penal Internacional como prueba de la masacre. Según su denuncia, las imágenes muestran impactos de bala en la cabeza y el cuerpo que sugieren tiros de gracia a corta distancia. Estas evidencias refuerzan la tesis de que el grupo fue ejecutado.
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron la operación, comparándola con las masacres de las dictaduras latinoamericanas de los años 70. Las reflexiones posteriores a su muerte coinciden en que el caso de El Junquito desnudó la naturaleza represiva del sistema frente a cualquier forma de disidencia interna o militar.
Un legado que permanece en la memoria
A ocho años de su asesinato, la figura de Óscar Pérez ha trascendido como un símbolo de resistencia frente a la opresión. Para muchos venezolanos, él encarnó la desesperación de un país sumido en una crisis institucional sin precedentes. Su nombre hoy forma parte de la memoria histórica de quienes lucharon por restaurar la democracia.
A través de las redes sociales, Pérez dejó un último mensaje al pueblo: «Ahora solo ustedes tienen el poder para que podamos ser libres todos». Esa frase sigue vigente este 15 de enero de 2026, recordando que su lucha no fue en vano y que la justicia internacional sigue procesando los crímenes cometidos en su contra.
Su sacrificio es hoy un recordatorio del costo de la libertad en Venezuela y de la valentía de un hombre que decidió no obedecer más.
