El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la detención de Aurelio Luis Pérez-Lugones, un contratista del gobierno federal con acceso a información clasificada del Pentágono, por tener ilegalmente documentos de defensa nacional relacionados con Venezuela.
Agentes del FBI encontraron material clasificado oculto en la cocina y sótano de su residencia. Los documentos se vinculan a la Operation Absolute Resolve» (Operación Resolución Absoluta), la acción militar estadounidense que resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero de 2026.
La filtración puso en riesgo la operación porque medios como The Washington Post y The New York Times obtuvieron detalles anticipados de la misión, aunque estos medios de comunicación decidieron no publicarlos antes para proteger a los soldados de EE. UU. involucrados.
Con información de Efecto Cocuyo
La existencia de la filtración generó preocupación por posibles compromisos de seguridad, alertas prematuras al régimen o exposición de fuentes o métodos.
Trump identificó públicamente el caso como «el filtrador de Venezuela» durante una conferencia este miércoles 14 de enero de 2026 y declaró: “El filtrador ha sido localizado y ahora está en prisión. Podría haber otros y vamos tras ellos”.
La fiscalía solicitó mantenerlo detenido por riesgo de divulgación adicional, aunque un juez ordenó su liberación condicional pendiente de apelación. Una audiencia se realizó el 15 de enero en Baltimore.
El caso generó controversia por el registro del FBI en el domicilio de Hannah Natanson, periodista de The Washington Post, el 14 de enero de 2026. Agentes incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente.
El medio calificó la medida como «inusual y agresiva», y Natanson no figura como investigada. La acción se enmarca en la política de la Administración Trump contra filtraciones que comprometan la seguridad nacional.
El Departamento de Justicia anunció el miércoles que agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de Natanson en Virginia, como parte de una investigación sobre el contratista del gobierno que, según afirman, filtró ilegalmente información clasificada del Departamento de Defensa.
En un comunicado, la fiscal general Pam Bondi acusó a Natanson de «obtener y divulgar información clasificada y filtrada ilegalmente» del contratista, quien, según ella, se encontraba «en prisión». Bondi no especificó si la periodista estaba siendo acusada de algún delito, pero The Washington Post afirmó que el Departamento de Justicia informó a Natanson que ella no era objeto de la investigación penal.
La investigación continúa para determinar si Pérez-Lugones compartió la información con terceros y si existen más implicados. El caso destaca tensiones entre seguridad nacional, libertad de prensa y manejo de información clasificada en el contexto de la política hacia Venezuela.
Quién es el «filtrador»
Aurelio Luis Pérez-Lugones es un veterano de la Marina de Estados Unidos, donde sirvió desde 1982 hasta 2002. Posteriormente, trabajó como contratista del gobierno, específicamente como administrador de sistemas en Maryland, con autorización de seguridad de nivel Top Secret/SCI.
Posee formación en sistemas y programación, y su rol le permitió acceder a bases de datos con información sensible de inteligencia.
Las autoridades lo arrestaron a principios de enero de 2026 en Maryland. El Departamento de Justicia lo imputó por violación de la Ley de Espionaje, bajo el cargo de retención ilegal de información de defensa nacional.
Según documentos judiciales, Pérez-Lugones accedió sin autorización a reportes de inteligencia clasificados en al menos cuatro ocasiones entre el 28 de octubre de 2025 y el 7 de enero de 2026. Tomó capturas de pantalla o imprimió documentos, los retiró de instalaciones seguras y los llevó a su domicilio y vehículo en Laurel, Maryland.
