Treinta y uno asociaciones y ONG venezolanas y españolas se han unido para condenar de manera «categórica» los «crímenes de odio promovidos o tolerados por el régimen que es representado por Delcy Rodríguez contra opositores políticos, defensores de Derechos Humanos, periodistas, activistas sociales y sectores vulnerables de la población.
«Exigimos justicia, verdad y reparación integral para todas las víctimas de estos crímenes, así como la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales sin impunidad», según un manifiesto conjunto publicado este viernes en Madrid por organizaciones sociales y de los derechos humanos de varias partes de España.
Demandan, por ello, el «cierre inmediato y definitivo de todos los centros de tortura y detención clandestina del régimen, utilizados como instrumentos de terror y represión política». Y reclaman el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos para verificar la situación de los detenidos.
La disolución inmediata de los «grupos armados» responsables de acciones de «terrorismo» contra el pueblo venezolano y el procesamiento de sus miembros por tribunales democráticos.
Estas organizaciones solicitan un llamamiento en defensa de la libertad, de la dignidad humana y de todas las víctimas de la represión, la persecución política y los crímenes de odio «ejercidos desde el poder» en el país sudamericano.
Suscriben Plataforma Ayuda Venezuela, Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, Coordinadora Iberoamericana Contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia, Movimiento Contra la Intolerancia y Organización Geopolítica América Latina, entre otras entidades.
«Liberación incondicional de los presos políticos»
«Denunciamos ante la comunidad internacional -prosiguen- la existencia de presos políticos, detenidos arbitrariamente por motivos de conciencia, opinión o participación cívica, sometidos a procesos judiciales sin garantías, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a la separación forzada de sus familias. Exigimos su liberación plena, inmediata e incondicional».
Demandan también que cese «toda forma de criminalización de la disidencia». Y reafirman el compromiso con los principios universales de los derechos humanos, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas.
«La memoria de quienes han sufrido persecución, exilio, cárcel o muerte nos obliga a no guardar silencio», argumentan en el manifiesto.
También instan a los gobiernos democráticos del mundo, a las instituciones europeas, a los organismos internacionales y a la sociedad civil a no aceptar ni normalizar la represión, a vigilar de manera «activa» la situación del país y a acompañar al pueblo venezolano en su legítima aspiración de libertad, justicia, democracia y pleno respeto de los derechos humanos.
Y todo ello porque «la libertad no se negocia, la dignidad no se persigue, los derechos humanos no prescriben».
Finalmente, respaldan de manera «clara y pública» a los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como «líderes legítimos del proceso de transición democrática en Venezuela».
