La esposa de Rafael Tudares, Mariana González de Tudares, e hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha denunciado haber sido víctima de tres episodios de extorsión vinculados al proceso judicial que mantiene a su esposo secuestrado desde hace meses.
González de Tudares ha revelado que las extorsiones, que involucran a actores del régimen, la iglesia, y organizaciones de Derechos Humanos, ocurrieron en espacios que deberían ser garantes de la legalidad y la protección de los Derechos Fundamentales.
“Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”, denunció.
Según su testimonio, en cada uno de estos encuentros hubo testigos presenciales que escucharon íntegramente las exigencias que se le hicieron.
“En esos tres episodios, se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, afirmó.
González de Tudares calificó estos hechos como parte un “patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal”
Con información de El Nacional
A su juicio, se trata de una instrumentalización de la justicia con fines políticos, que además se vale de “espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos”.
Denuncia de un proceso judicial sin garantías
Más allá de los episodios de extorsión, en el comunicado González de Tudares expone lo que considera un proceso judicial viciado y sin fundamentos.
“El expediente judicial contra mi esposo Rafael Tudares Bracho, es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos”, afirma. Asegura que “no existen testigos, no existen evidencias contra Rafael, no existen hechos demostrables contra Rafael que constituyan delito”. A pesar de ello, fue condenado a 30 años de prisión.
A su vez, denunció que se le impidió participar en la defensa de su esposo: “A mí nunca se me permitió acceder al expediente. Nunca se me entregó copia. Nunca se me permitió realizar el nombramiento de una defensa privada. En consecuencia, mi abogado jamás tuvo acceso al expediente”.
Rafael Tudares, quien es abogado, solo pudo revisar su expediente el día de su única audiencia de juicio. “Pudo constatar que no había pruebas en su contra y eso es lo que más indignado lo tiene”, relató su esposa.
Por último, subrayó que “ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito”.
Y añadió: “Queremos pasar esta página y duro vía crucis que hemos vivido y padecido, para seguir con nuestras vidas, en familia y en paz. De nuestra parte no tenemos ni albergamos sentimientos de venganza. No somos así. Solo queremos que se haga justicia y se libere a Rafael”.
