La Arquidiócesis de Caracas ha negado los señalamientos de Mariana González de Tudares, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, que involucrarían a personas vinculadas a la Iglesia, las autoridades y a otros organismos en hechos de extorsión para la liberación de su esposo, Rafael Tudares.
«En ningún momento se ha realizado en la arquidiócesis ninguna ‘extorsión’ o presión a familiares de detenidos ni a nadie», aseguró el ente en un comunicado firmado por el arzobispo metropolitano de Caracas, monseñor Raúl Biord, y publicado en la red social Instagram.
La institución religiosa señaló que comprende el «dolor de la señora Mariana González de Tudares» y que apoya su petición por la liberación de su esposo, secuestrado el pasado 07 de enero del 2025 y condenado a 30 años de prisión por presuntos delitos de conspiración.
«En el arzobispado de Caracas hemos mantenido y mantenemos las puertas abiertas para recibir a todos los que lo soliciten… Hemos atendido a numerosos familiares de presos políticos a quienes se ha acompañado pastoralmente, sin ningún interés más que procurar su bien».
Con información de El Nacional
La arquidiócesis reiteró su «voluntad inquebrantable» de seguir siendo puente en medio de las dificultades y de seguir «solicitando la liberación de los presos por motivos políticos».
“Animamos a todos, como nos lo ha pedido el papa León XIV, «para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia» en el respeto de la libertad, la verdad y la justicia”, concluyó.
González de Tudares denunció el pasado lunes haber sido víctima de tres episodios de extorsión vinculados al proceso judicial que mantiene a su esposo.
A través de un comunicado, González de Tudares reveló que las extorsiones, —que involucran a actores del Estado, la iglesia y organizaciones de derechos humanos—, ocurrieron en espacios que deberían ser garantes de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.
“Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”, denunció.
Según su testimonio, en cada uno de estos encuentros hubo testigos presenciales que escucharon íntegramente las exigencias que se le hicieron. “En esos tres episodios, se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, afirmó.
González de Tudares calificó estos hechos como parte de un “patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal”. A su juicio, se trata de una instrumentalización de la justicia con fines políticos, que además se vale de “espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos”.
«El rol de la Iglesia es proteger»
El periodista Luis Carlos Díaz aseguró en X que la iglesia podría estar “faltando a la verdad” y revictimizando a la familia Tudares González al negar la extorsión.
“Podían haber dicho que la extorsión no la hizo directamente un religioso, pero sí fue en los espacios del Arzobispado y eso deben investigarlo, corregirlo y evitar que vuelva a ocurrir”; expresó Díaz.
Señaló que el rol de la Iglesia es proteger y “es visible que en este caso está fallando”.
“Eso puede ser calificado como encubrimiento y multiplica el riesgo que corren todos los familiares de los presos políticos que buscan ayuda en lugares que consideran seguros. ¿Qué garantías tienen ahora de hablar libremente si su riesgo se ha multiplicado?”.
“Lo mejor es que todos los implicados usen sus contactos con el chavismo para exigir la liberación de los presos políticos, no para intentar silenciar la lucha de los familiares de los presos políticos”, finalizó.
