El régimen representado por Delcy Rodríguez ha anunciado, según una publicación del periódico español El País, una amnistía general para los presos políticos secuestrados en Venezuela. La noticia fue revelada por Rodríguez en un acto en el Tribunal Supremo de Justicia.
“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, dijo. “Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, añadió tras señalar que esta era también una decisión ya hablada con Nicolás Maduro.
La medida podría afectar a cientos de presos políticos que aún siguen secuestrados en los centros penitenciarios venezolanos. El anuncio fue realizado luego de casi un mes del inicio de la excarcelaciones que se han producido a cuentagotas desde que agentes de Estados Unidos capturaron al dictador Nicolás Maduro en la madrugada del pasado 03 de enero.
En este tiempo se han liberado más de 600 presos, según el chavismo —302, según los defensores de los encarcelados—.
Con información de El País de España
La medida pretende amnistiar y borrar las causas de los excarcelados. Es un perdón mucho más amplio de los que se están ejecutando estos días dado que los liberados han salido de la cárcel pero siguen sometidos a medidas cautelares como la prohibición de salir del país, hacer declaraciones o incluso acceder a determinados empleos. Son además carne de cañón de extorsiones si vuelven a ser interceptados en algún control policial. La futura ley, según adivirtió la presidenta encargada, excluirá de la medida de gracia a condenados por delitos de homicidio, drogas y delitos comunes.
“Vengo a esta Camara como presidenta pero también como abogada”, dijo Rodríguez, según algunos de los presentes en un acto vetado a los periodistas. “Mi padre estuvo preso, y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución. En la soberanía nacional. En la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos mas justicia, con mas tutela jurídica”, siguió al recordar a su padre, un convencido marxista que fundó el movimiento en el que Nicolás Maduro dio sus primeros pasos en política y que fue asesinado por sus carceleros.
El chavismo lleva año usando a los presos políticos como moneda de cambio. Un aparato represivo orquestado entre los cuerpos policiales y el sistema de justicia ha dejado miles de detenidos en los últimos años. En otros procesos de negociación se han logrado liberaciones parciales de presos e intercambios de prisioneros, pero, en paralelo, se han seguido produciendo detenciones arbitrarias.
El ex jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha estado en buena parte de esos procesos de negociación con el chavismo. Decenas de familiares desesperados han acudido al exmandatario en busca de su mediación en los últimos años. Su labor, junto a la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el reino de Qatar, que también ha ejercido de mediador, fue alabada por el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez cuando anunció las primeras excarcelaciones.
Aunque no hay precedentes de amnistía, sí ha habido indultos. Los últimos —y los únicos— otorgados por el chavismo se produjeron en 2020, cuando Maduro liberó a 110 opositores presos entre los que se incluyó a una buena parte del equipo del dirigente Juan Guaidó, que lideraba la oposición en ese tiempo. Esta fue la única vez que el Gobierno presentó una lista.
Los beneficiados de aquella medida aparecieron con sus uniformes amarillos de la cárcel en un acto celebrado en la Cancillería, donde se oficializó el perdón. Los defensores denunciaron entonces que la lista se había engordado con la inclusión de presos procesados por delitos comunes y de personas que ya habían sido liberadas en procesos anteriores.
La amnistía general es una exigencia en la que han insistido en las últimas semanas sectores de la oposición y víctimas de la represión chavista. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número significativo” de detenidos apenas cinco días después de la captura de Maduro, pero tanto la sociedad civil como la oposición —dentro y fuera de Venezuela— consideraron la medida insuficiente. No se puede hablar de transición —han dicho varias figuras públicas venezolanas en los últimos días— con la cárceles llenas de personas detenidas injustamente.
