La sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), ubicada en el sector Quinta Crespo, Caracas, la convertido en uno de los principales centros clandestinos utilizados para secuestrar a civiles y militares por órdenes del ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello.
Las denuncias señalan que los detenidos son víctimas de extorsiones, amenazas y procesos irregulares, pero los casos que más destacan son los de cuatro militares retirados vinculados con dos empresas de vigilancia privada.
El Conas opera detrás de las antiguas instalaciones del medio extinto RCTV y está dirigido por el coronel (GNB) Leonardo Gómez Acevedo, Comandante de la unidad militar; el Mayor (GNB) José Ángel Ponce, Segundo comandante, y el Mayor (GNB) Torres.
La situación empeoró cuando Cabello asumió el ministerio, iniciando una investigación contra funcionarios cercanos al almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, quien lo había precedido en el cargo ministerial.
Los funcionarios de Cabello han derivado en versiones que vinculan a Patete con la entrada irregular a Venezuela con una cantidad de vehículos sin trámites aduaneros, camionetas que posteriormente habrían sido vendidos a través de dos empresas de seguridad.
Con información de Infobae / Sebastiana Bárraez
Sin embargo, tras su detención, el capitán de fragata retirado José Ernesto Patete Escalona, quien fue administrador del Ministerio del Interior en la etapa de Ceballos, negó las acusaciones y asegura que ni él ni el entonces ministro participaron en la compra de dichos vehículos.
Sostiene que la adquisición y entrega de las unidades estuvo a cargo de la vicepresidenta Delcy Eloina Rodríguez Gómez, limitándose él únicamente a su asignación administrativa.
Las fuentes, en conversación con Infobae, destacaron que esa operación, que llevó a la detención de las cabezas de las empresas de vigilancia, fue fabricada por el Ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, y el coronel (GNB) José Francisco Calzadilla Cabriles, presidente de la Fundación Gran Misión Cuadrantes de Paz. “Ellos son quienes ordenan al tribunal y al Conas, mantener detenidos al grupo de los cinco”.
Durante la investigación a las dos empresas, los funcionarios no han encontrado, hasta ahora, nada que los relacione al caso penal, más allá de temas fiscales sin relevancia, pero no habría elementos relacionados con transferencias ni legitimación de capitales.
Aun así, a las dos empresas, S3COM Security y Rafatt Seguridad, les asignaron una junta directiva, mientras realizaban la investigacion administrativa, que el tribunal 16 de juicio lo maneja como un caso emblemático y esperan “instrucciones de arriba”.
Mientras eso ocurre, varios de los familiares de los detenidos estarían siendo extorsionados por los oficiales a cargo de la instalación militar, incautándoles propiedades y altas sumas de dinero que van a cuentas privadas.
El GB Freddy Alberto Suárez Medina, Director de Adquisiciones del Ejército, tiene tomada S3COM Security, de la que constantemente se ha llevado, junto con funcionarios del Conas, a empleados para interrogarlos incluso hasta por 45 días. Todos los empleados renunciaron y los clientes de la empresa rompieron los contratos.
