La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado que mantiene contactos formales con el régimen que representa Delcy Rodríguez para restablecer su presencia permanente en Venezuela, suspendida desde febrero del 2024.
El medio Infobae señaló que un equipo del organismo viajó recientemente a Caracas para sostener reuniones con autoridades, representantes de la sociedad venezolana y familiares de los presos políticos.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina, ha declarado que durante las reuniones en Caracas se constató que “no todos los sometidos a detención arbitraria han sido liberados”, pese al anuncio de excarcelaciones difundido por las autoridades hace un mes. El equipo también sostuvo encuentros con activistas de derechos humanos recientemente liberados.
Con información de Diario Las Américas / Infobae
Suspensión de la oficina de la ONU
La visita se produce casi un año después de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara la suspensión de las actividades de la oficina del alto comisionado, que operaba en Caracas desde 2019. En aquella ocasión, la dictadura chavista acusó al organismo internacional de actuar contra sus intereses y expulsó a 13 funcionarios, quienes debieron abandonar el país en un plazo de 72 horas.
Shamdasani confirmó además que el alto comisionado Volker Türk sostuvo el pasado 26 de enero una conversación telefónica con la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez. Durante ese intercambio, Türk ofreció el respaldo de la Oficina para “la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, en la que los derechos humanos deberían ocupar el centro”.
Rodríguez había adelantado el contacto y aseguró que solicitaría al alto comisionado verificar las recientes excarcelaciones, tras denuncias de familiares y organizaciones no gubernamentales que alertaron sobre retrasos y falta de transparencia en el proceso.
Ley de Amnistía: un “positivo paso”
En relación con el proyecto de Ley de Amnistía aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) chavista, la portavoz consideró que se trata de “un positivo paso hacia la cohesión social, la reconciliación nacional y la coexistencia”, en línea con la posición expresada por la Misión de Investigación de la ONU para Venezuela.
No obstante, precisó que la iniciativa legislativa debe ajustarse a los estándares internacionales, abarcar a todas las personas detenidas arbitrariamente y formar parte de una estrategia más amplia que incluya reparación, rendición de cuentas y reformas institucionales.
La posible reanudación de la presencia del organismo en Venezuela se produce en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos y de persistentes denuncias por violaciones de derechos humanos. De concretarse, representaría el primer acercamiento formal entre el régimen y la Oficina del Alto Comisionado desde su expulsión el año pasado.
