La congresista del partido republicano, María Elvira Salazar ha anunciado que firmó una petición para forzar la discusión en el Congreso de Estados Unidos una ley que busca restablecer y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
Salazar, a través de una publicación en X, señaló que pese a algunos avances recientes en Venezuela, las condiciones en el país aún no garantizan la seguridad para el regreso de sus ciudadanos.
“Aunque vemos señales de progreso en Venezuela, la realidad es que aún queda mucho por hacer y el país aún no es seguro para muchos”, afirmó.
La Congresista explicó que respalda una iniciativa que permitiría ampliar este beneficio migratorio por un periodo adicional de 18 meses, con el objetivo de brindar estabilidad a la comunidad venezolana en EE. UU.
“Por eso firmé una petición para llevar al pleno la Ley de TPS para Venezuela y obligar al Congreso a votar, extendiendo estas protección por 18 meses y dando a los venezolanos en EE UU la estabilidad que necesitan para trabajar legalmente”, aseguró.
La congresista también enmarcó su posición en un argumento humanitario, señalando que la medida busca proteger a quienes han salido de Venezuela en medio de la crisis política y económica. “Se trata de hacer lo correcto, de estar del lado de quienes huyeron de la represión y de asegurar que el Congreso actúe”.
Con información de El Nacional
Incertidumbre del TPS
El pronunciamiento de Salazar se produce en medio de un renovado debate en Washington sobre el futuro del TPS para los venezolanos, tras su cancelación en 2025, lo que dejó a cientos de miles de migrantes en una situación de incertidumbre legal.
El TPS es un programa migratorio que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos o crisis humanitarias residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. En el caso de Venezuela, este estatus fue otorgado por primera vez en 2021 durante el mandato de Joe Biden, y ampliado posteriormente, aunque su continuidad ha sido objeto de debate político en los últimos años.
Diversos legisladores, tanto demócratas como republicanos, han coincidido en la necesidad de revisar esta política ante la persistencia de condiciones inestables en Venezuela, incluyendo denuncias de violaciones de derechos humanos y la falta de garantías institucionales para el retorno seguro de migrantes.
