La defensa del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ha presentado formalmente ante el juez federal una moción para acceder y compartir las pruebas del caso con otros coacusados que permanecen prófugos, entre ellos el ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen, Diosdado Cabello, el diputado e hijo del dictador, Nicolás Maduro Guerra, el exministro Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Ruchtenford Guerrero Flores, criminal conocido como ‘Niño Guerrero’.
El medio NTN24 tuvo acceso al documento que busca una excepción dentro de la orden de protección solicitada por la fiscalía debido al riesgo de represalias contra testigos. La defensa asegura que la restricción al acceso a la evidencia estaría «maniatando la capacidad de investigación» de los abogados defensores.
Según el escrito presentado ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva York, «como la acusación vincula a Maduro con estos individuos entre los 19 delitos alegados, es imposible preparar una defensa que sea completa sin consultarles».
«Esta disposición, si se incluye tal como fue redactada por el gobierno, limitaría severamente la capacidad del señor Maduro Moros y de la señora Flores de Maduro para investigarse plenamente», señala el documento. La defensa destaca que de los 19 actos manifiestos alegados en la acusación, 13 se relacionan con al menos uno de estos individuos prófugos.
Con información de NTN24
Específicamente, la acusación hace referencia a Cabello en 7 de los 19 actos, a Rodríguez Chacín en 2, a Maduro Guerra en 3, y a Guerrero Flores en 1. La cuarta acusación sustitutiva alega que Maduro y Flores participaron en una conspiración con estos cuatro individuos desde 1999 hasta 2025.
Los abogados proponen un párrafo alternativo que incluiría una excepción permitiéndoles «compartir materiales para fin de defender esta acción y cuando el individuo tenga un interés común con el acusado». Esta excepción les permitiría consultar a los coacusados no aprehendidos para identificar testigos potenciales o evidencia relevante.
La solicitud choca frontalmente con la posición de la Fiscalía que lleva el caso de Maduro y Flores, que busca impedir que esa información llegue a estos nombres por el riesgo de represalias contra testigos o manipulación del proceso judicial.
El fiscal Kyle Wirshba y su equipo sostienen que entregar documentos a quienes llaman «coconspiradores es un peligro real y presunto».
«Su acceso a descubrimiento sensible podría facilitar su capacidad para participar en tal evasión e interferencia, conducta que este tribunal no tendría poder para sancionar debido a que estos acusados permanecen prófugos fuera de los Estados Unidos», argumenta la fiscalía.
El Departamento de Justicia advirtió que si los acusados no aprehendidos llegaran a utilizar el material para identificar testigos del gobierno, «ellos y sus familiares podrían ser detenidos sin recurso alguno bajo la apariencia de una acción legítima de las fuerzas del orden venezolano».
La decisión final queda ahora en manos del juez Alvin Hellerstein.
