La familia de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni Mora hizo un llamado a la comunidad internacional, y en particular a la representación diplomática de Estados Unidos en Venezuela, para que contribuya a impulsar el cierre de un caso judicial que permanece abierto desde hace más de 16 años.
La solicitud fue dirigida al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barret, en una carta pública suscrita por Nelson Afiuni Mora, hermano de la exjueza, y la abogada Thelma Fernández, representante legal de la familia. En el documento también se pide a organismos internacionales, gobiernos democráticos, relatorías de Naciones Unidas y actores diplomáticos que mantengan atención sobre el caso y apoyen una solución que permita el restablecimiento pleno de los derechos de la exmagistrada.
«El proceso permanece abierto, las restricciones continúan vigentes, y las solicitudes destinadas a poner fin definitivo a esta situación permanecen sin una respuesta efectiva», señala la carta. La familia pide además el fin de las limitaciones legales que pesan sobre Afiuni y el reconocimiento pleno de sus derechos civiles y familiares, afectados desde el momento de su detención.
Con información de El Nacional
Una detención que marcó al Poder Judicial venezolano
María Lourdes Afiuni fue arrestada en diciembre de 2009 luego de otorgar una medida cautelar de libertad al empresario Eligio Cedeño, decisión que había sido expresamente recomendada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Su arresto fue interpretado de inmediato por organizaciones de derechos humanos como un caso emblemático de persecución judicial, y sus efectos sobre la independencia del Poder Judicial venezolano fueron documentados por múltiples organismos internacionales.
Durante el proceso, Afiuni fue recluida en un centro de detención común y sometida posteriormente a medidas restrictivas prolongadas. Organizaciones internacionales han documentado denuncias de tratos crueles y el grave impacto físico y psicológico del proceso sobre su salud.
La carta de la familia señala que el caso estuvo precedido por declaraciones públicas del entonces presidente Hugo Chávez, quien pidió su condena en cadena nacional, comprometiendo abiertamente la independencia judicial en el país.
El Efecto Afiuni y la deuda pendiente
Los firmantes advierten sobre lo que denominan el Efecto Afiuni, expresión que describe el temor instalado en el sistema judicial venezolano a emitir decisiones en casos de alto impacto político. Un miedo que, según la familia, sigue vigente y que ninguna iniciativa de reforma judicial anunciada en el país ha abordado. El caso de la exjueza, afirman, no ha sido incluido en ninguna medida de revisión o reparación, pese a los años transcurridos.
La situación también ha afectado la vida familiar de Afiuni de forma directa: la exjueza no ha podido ejercer plenamente sus derechos ni mantener contacto regular con su hija y nietos residentes en Estados Unidos.
La carta cierra con una frase que resume el peso del caso más allá de la persona: «Cerrar este expediente no es solamente reparar una injusticia contra una persona, es también enviar un mensaje en favor de la independencia judicial, de la dignidad humana y de la necesidad de que ningún juez vuelva a ser perseguido por aplicar la ley».
