Los efectos devastadores de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio tendrán consecuencias directas en el plano social y económico, y se suman a las fallas estructurales que ya arrastraba el país a seis meses de la caída de Nicolás Maduro. Economistas consultados coinciden en que la situación exige una respuesta urgente y multidimensional, y advierten que sin institucionalidad económica sólida, ninguna recuperación será sostenible.
El economista Pedro Palma fue directo al señalar lo que la emergencia exige: un sistema de ayuda financiera internacional, flexible y oportuna, que no provenga del Banco Central de Venezuela para evitar presiones inflacionarias indeseables. «Hay que redimensionar el gasto público y orientarlo a las partidas de reconstrucción y ayuda a los más afectados», afirmó, añadiendo que es igualmente importante evitar que la población caiga en actitudes fatalistas que paralicen la actividad económica y profundicen el desempleo.
Con información de Efecto Cocuyo
La economista Christi Rangel coincidió en que el apoyo a las víctimas y la recuperación de infraestructuras esenciales son urgentes, y subrayó que la toma de decisiones requiere una mirada multidisciplinaria con actores de los tres niveles de gobierno, transparencia en el manejo de los recursos donados y rendición de cuentas paso a paso. En ese contexto, consideró que la reestructuración de la deuda, punto central de la nueva estrategia económica, puede esperar.
Seis meses sin Maduro: inflación alta, crecimiento bajo
Más allá de la emergencia inmediata, los economistas hicieron un balance del primer semestre sin el dictador venezolano que no deja espacio para el triunfalismo. Palma señaló que si bien la inflación desaceleró de más del 30% en enero al 6,3% en mayo, la inflación acumulada en cinco meses supera el 100% y el Índice de Precios al Consumidor anualizado se mantiene en tres dígitos. A eso se suman las interrupciones de los servicios públicos, que frenan el estímulo económico, y la ausencia de un crecimiento notable en la actividad productiva, aunque el economista reconoció cierto dinamismo en el sector de servicios y comercio.
En el plano cambiario, Palma alertó sobre una brecha importante entre el mercado libre y el oficial del Banco Central que no se ha cerrado pese al incremento de la oferta de divisas, lo que sugiere posibles fugas de capitales o acumulación de depósitos en dólares en el sistema bancario.
El petróleo sube, pero las incógnitas persisten
Rangel documentó los cambios en el sector petrolero: los traders vinculados a la élite chavista y a las flotas oscuras de Rusia e Irán han sido desplazados por operadores tradicionales, Estados Unidos sustituyó a China como principal destino del crudo y a Rusia como principal proveedor de diluyentes, y la producción ha mantenido una senda creciente desde enero. Sin embargo, la ONG Transparencia Venezuela sigue detectando operaciones irregulares de comercialización, aunque en menor medida.
Palma añadió que los acuerdos con Chevron, Repsol y otras empresas europeas están lejos de traducirse en una expansión sustancial de la capacidad productiva. «Muchas compañías se han mostrado interesadas en explorar posibilidades de inversión, pero no se han hecho acuerdos formales ni ha comenzado un proceso de inversión masiva. Estas empresas exigen que la estructura legal se modifique porque consideran que la ley da una gran discrecionalidad y ellos quieren mayor seguridad», explicó.
La institucionalidad que aún no llega
Tanto Palma como Rangel coincidieron en que los mayores ingresos petroleros no han contribuido a aliviar la crisis cambiaria, la inflación ni la recuperación del empleo y el poder de compra. La razón es estructural: faltan las reformas institucionales que darían sustento real a cualquier proceso de recuperación.
Rangel enumeró las deudas pendientes: genuina separación de poderes, independencia del Banco Central, transparencia del presupuesto 2026 y los fondos extrapresupuestarios, divulgación de mecanismos para la renegociación de la deuda, y la prohibición de financiar el gasto público con emisión monetaria. Señaló además que las reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la nueva Ley Orgánica de Minas «concentraron decisiones de fiscalidad y arbitraje en la presidencia de la República, violando las competencias de la Asamblea Nacional en materia tributaria».
Palma, por su parte, fue categórico: «Para que veamos a compañías petroleras invirtiendo en cantidades importantes queda mucho por hacer. Es imperativo crear instituciones que aseguren la implementación de un Estado de derecho, con división de poderes y un sistema judicial independiente que proteja los derechos de los inversionistas». Sin eso, concluyó, los avances seguirán siendo insuficientes para traducirse en bienestar real para la población venezolana.
