Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y representantes de la sociedad civil venezolana comparecieron este 6 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 196.° período de sesiones celebrado en Washington, para presentar un balance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela desde el 3 de enero.
La exposición fue realizada por la plataforma Justicia y Verdad, integrada por una veintena de organizaciones, que denunció la persistencia de un patrón sistemático de violaciones que incluye persecución política, detenciones arbitrarias, restricciones a las libertades fundamentales y el agravamiento de la crisis humanitaria tras los terremotos del 24 de junio.
La directora de Cepaz, Beatriz Borges, presentó el «Termómetro de Justicia y Verdad», una herramienta elaborada por 20 organizaciones para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y medir el avance real hacia una transición democrática.
Los testimonios que no dejan espacio para la complacencia
Meudy Osío, viuda del concejal Fernando Albán, quien murió bajo custodia del Sebin en 2018, denunció que la impunidad por la muerte de su esposo continúa. «Lo que ocurrió con Fernando no es un caso aislado. Es parte de un patrón de persecución, encubrimiento e impunidad», afirmó. El caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, reconoció que alrededor de 800 presos políticos han sido excarcelados desde enero de 2026, pero fue preciso al señalar los límites de ese avance: «El aparato represivo continúa, con menos intensidad, pero sigue allí». La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, coincidió: las liberaciones parciales no significan el fin de la represión, y las condiciones en los centros de detención siguen deteriorándose.
El director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, apuntó a la arquitectura legal que sostiene la represión y que permanece intacta: bloqueos a medios de comunicación, crisis eléctrica en las regiones y asfixia presupuestaria contra las universidades. La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, Sofía Macher, advirtió que los cambios políticos actuales en Venezuela pueden generar oportunidades, pero también nuevos riesgos, dado que las violaciones documentadas responden a problemas estructurales: falta de independencia judicial, restricciones al espacio cívico y ausencia de mecanismos efectivos de control.
En nombre de la plataforma Justicia y Verdad, Faisal Yamil presentó tres exigencias concretas al régimen: la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos, la derogación del marco normativo que restringe el espacio cívico y la apertura efectiva a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Con información de Monitoreamos
La respuesta de la CIDH
La relatora para Venezuela, Gloria De Mees, resumió lo escuchado con una frase que el régimen no podrá ignorar: «Muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas». Y planteó la pregunta de fondo: «¿Qué ha cambiado? Los derechos humanos no pueden medirse por anuncios, sino por resultados».
De Mees también consideró difícil hablar de transición o diálogo mientras Venezuela continúe ausente de los espacios del sistema interamericano y sin cumplir las decisiones y medidas de protección emitidas por la CIDH.
La comisionada Rosa María Payá reiteró el compromiso de la Comisión con el seguimiento de la situación venezolana y aseguró que está dispuesta a acompañar al país en su proceso de recuperación democrática. Otros comisionados manifestaron preocupación por la transparencia del plan de reconstrucción posterremotos, la protección de niños y personas con discapacidad, la salud materna y reproductiva, la libertad de expresión y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
