(Fuente: TalCual) Diferentes ONGs estuvieron presentes en el diálogo interactivo en el que se presentó el informe oral del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre la situación de Venezuela. Estas organizaciones solicitaron mayor vigilancia debido al cierre del espacio cívico y las recientes detenciones en el contexto electoral.
Los activistas de las ONG solicitaron la liberación inmediata de todos los presos políticos, entre ellos los activistas Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas, la comerciante Emirlendris Benítez, la pareja conformada por María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo; además de Robert Franco y Darío Estrada.
Antes del inicio de las intervenciones Heidi Schroderus-Fox, vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que «las represalias y los actos de intimidación cometidos contra personas o grupos que han colaborado con el Consejo o sus mecanismos son inaceptables», en respuesta a intimidaciones de los representantes del gobierno de Maduro a los presentes.
El activista Luis Carlos Díaz, también estuvo presente a nombre de Aula Abierta, ha señalado que los informes del Alto Comisionado muestran que «desde 2018 que el Estado no ha seguido las recomendaciones emanadas en materia de justicia y protección de derechos humanos, por el contrario se dedican recursos para cercar aún más el espacio cívico».
Con información de TalCual
Dijo que se mantiene la impunidad sobre graves crímenes contra los derechos humanos, y también alentó a que se mantenga la labor de la Misión de Determinación de Hechos en el país: «Para nosotros es un mecanismo que construye memoria, verdad y justicia».
Solicitó además la protección, independientemente o no que regrese la Oficina del Alto Comisionado al país, de los defensores y activistas venezolanos «amenazados por cooperar con espacios como este como Rocío San Miguel o Javier Tarazona».
La representante de Amnistía Internacional Clara del Campo López dijo que «es lamentable ver que nuestras preocupaciones por la escalada de represión en contexto electoral estaban bien fundamentados».
Recordó que las detenciones arbitrarias están ligadas a desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, denegación de un juicio justo y atención sanitaria. Destacó además que, en una petición abierta, 36.624 personas solicitan al Estado venezolano que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos, una solicitud que fue reiterada por otras oenegés.
«Pedimos que se sostenga el escrutinio y se respalde una rendición de cuentas por todas las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ha llegado el momento para más justicia y más verdad», afirmó.
Mientras que el dirigente político Leopoldo López, a nombre de United Nations Watch, acusó directamente al gobernante Nicolás Maduro de ser responsable de la degradación de derechos en el país. «Sus acciones han desmantelado la democracia, destrozado la economía, fomentado una crisis humanitaria compleja que ha generaod la mayor crisis migratoria del planeta: ocho millones de desplazados».
También señaló que, tras el apoyo al Estado venezolano por parte de países como Rusia, Cuba, Irán o Corea del Norte, «quedó en evidencia la maquinaria de países autocráticos que operan dentro y fuera de la ONU para defender violaciones de derechos humanos y evitar elecciones libres».
Se refirió además a los comicios del 28 de julio y apoyó lo dicho por María Corina Machado minutos antes. «El 28 de julio hay una elección y una mayoría abrumadora de más del 6o% va a votar por una transición a un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos».
Marysabel Rodríguez, del Centro para los Derechos Civiles y Políticos, aseveró que en Venezuela «se reactivó la represión de voces opositoras» de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Comentó el uso de la llamada «furia bolivariana», así como la intimidación que ejercen altos y medios funcionarios contra la sociedad civil o medios de comunicación que sean críticos.
El Centro ha documentado 45 detenciones en contexto prelectoral. «Junto a esta violencia estatal existen obstáculos para el registro de electores y una gestión arbitraria del Consejo Nacional Electoral, lo cual no garantiza una elección libre o transparente», aseguró.
Así inicia hoy la campaña pública en Venezuela, insistió Rodríguez, «con medios bloqueados, medios parcializados, y cambios a último momento de la normativa electoral». Pidió además al propio Consejo de Derechos Humanos que garantice «condiciones mínimas de respeto a la voluntad ciudadana» tras las elecciones.
El abogado Carlos Correa, a nombre de la coalición Civicus, destacó la «profunda represión en Venezuela a medida que se acercan las elecciones». Señaló que las detenciones de activistas como Rocío San Miguel, Javier Tarazona o el periodista Carlos Julio Rojas «reiteran un patrón de persecución para silenciar las voces críticas y evitar la movilización».
Recordó que en mayo pasado se avanzó en la aprobación de la llamada Ley contra las ONG, que junto a la Ley contra el fascismo, «aumenta el riuego de detenciones arbitarias y criminalización de quienes defienden derechos humanos».
El abogado Carlos Lusverti, por la Comisión Internacional de Juristas, lamentó la expulsión de los funcionarios de la Oficina en Caracas y lo calificó como «la muestra más reciente de la falta de compromiso y cooperación efectiva de las autoridades venezolanas con los mecanismos de este Consejo».
Cuestionó además la «falta de voluntad e independencia de la Fiscalía para investigar y procesar la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, lo que profundiza la impunidad. Por ello, se instó al Alto Comisionado a fortalecer la vigilancia sobre Venezuela y mantener en agenda los mecanismos internacionales de rendición de cuentas «más allá de los resultados electorales».
Por su parte Beatriz Borges, director ejecutiva de Cepaz, dijo que «la esperanza de libertad se ve amenaza por la consolidación de un sistema represivo sofisticado que, a través de una combinación de métodos duros y blandos y múltiples patrones de persecución, viola derechos humanos. Alertamos de su agravamiento en el próximo mes».
En los últimos tres años, indicó, Cepaz ha documentado 2.098 casos de persecución y criminalización. «En este año electoral se han registrado 50 detenciones arbitrarias de líderes sociales y políticos y más de 20 desapariciones forzadas, el cierre de 14 emisoras de radio, y el bloqueo de 47 medios digitales. Además, hemos visto detenciones arbitrarias y castigos ejemplarizantes contra aquellos que se manifiestan o prestan servicios al liderazgo opositor».
También instó al propio Consejo y al Alto Comisionado a «actuar con urgencia para que estas elecciones sea una oportunidad para la democracia en Venezuela».
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