Cuando Damelis Díaz increpó al diputado Nicolás Maduro Guerra frente a las ruinas del urbanismo Hugo Chávez en Playa Grande y reclamó cárcel para quienes construyeron los edificios que se desplomaron, estaba apelando al sentido común. La determinación de responsabilidades jurídicas, sin embargo, va más allá de lo evidente y exige buscar pruebas entre los escombros.
Juristas consultados por El Nacional coinciden en que la sanción penal enfrenta obstáculos enormes, pero que la vía más factible para lograr reparación efectiva con garantías de no repetición es la responsabilidad patrimonial del Estado.
Con información de Efecto Cocuyo
El Estado como constructor y contralor fallido
La profesora de Derecho Administrativo María Alejandra Correa lo explica con claridad: «El Estado es el primer contralor, porque establece las reglas de la construcción y debe garantizar su cumplimiento, precisamente para evitar daños, sobre todo daños irreparables a la vida y la integridad personal». Quien aspire a que el Estado responda por los daños derivados de los terremotos debe demostrar que no solo falló en su deber de protección, sino que es responsable de haber creado los riesgos que aumentaron la vulnerabilidad de las personas afectadas.
El mayor obstáculo probatorio es romper el argumento del «caso fortuito» o «fuerza mayor». Se da por descontado que el Estado alegará que la magnitud del doblete era imprevisible. Pero Carlos Briceño, director de Defiende Venezuela y experto en derecho, introduce una máxima jurídica clave: la teoría del riesgo creado. El Estado responde por la materialización de un daño cuyo riesgo fue creado por su propia actividad. No basta que insista en que cumplió con las previsiones legales, porque «la existencia del daño implica la existencia de responsabilidad».
Los expertos identifican las principales expresiones de riesgo creado: la construcción de edificaciones de la Misión Vivienda en zonas de alta vulnerabilidad como los conos de deyección, áreas donde los suelos son más frágiles por el descenso de sedimentos. Y el agravante decisivo: ese peligro era conocido. El deslave de 1999 y las vaguadas de 2005 y 2010 no dejan dudas sobre los riesgos geomorfológicos del litoral central, precisamente donde los sismos del 24 de junio causaron mayores estragos.
La confesión de Sesto
La declaración pública de Francisco Sesto, presidente fundador de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, admitiendo que en algunos desarrollos habitacionales se omitieron los estudios de suelo argumentando urgencia, podría parecer una autoincriminación. La jurista y experta en Derecho Penal Magaly Vásquez advierte que no es tan sencillo, pero reconoce su peso: «Afirmar que se omitieron los estudios de suelo, aunque se argumente urgencia, puede tener implicaciones jurídicas muy serias, pues constituye el reconocimiento de que el incumplimiento de exigencias técnicas no fue un descuido, sino una decisión consciente».
El desafío probatorio mayor, señala Vásquez, es individualizar conductas: «En las construcciones interviene un alto número de personas y la responsabilidad penal es personal. Habría que individualizar las conductas imprudentes o negligentes y demostrar que ese factor fue determinante para el colapso». La destrucción y remoción de escombros necesarios para el análisis de ingeniería forense complica aún más ese trabajo.
A pesar de todo, la jurista es categórica sobre el deber del Estado: «Considerando la posibilidad de que graves omisiones contribuyeron a maximizar los efectos del doblete sísmico, el Ministerio Público debería iniciar de oficio la respectiva investigación». Las primeras pesquisas deberían incluir el acopio y resguardo de planos estructurales, contratos de construcción, registros de inspección y cualquier evidencia sobre el incremento de los daños por acciones u omisiones imputables a personas.
La Presidencia de la República en el centro de la responsabilidad
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, incorpora al debate la legislación de emergencia habitacional vigente desde 2011. Tres decretos leyes, entre ellos la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas, fueron diseñados para eliminar el control municipal sobre el desarrollo urbano y centralizar el poder en el Ejecutivo nacional.
«Estas leyes permitieron ignorar la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y los Planes de Desarrollo Urbano Local», señala Apitz, quien es contundente en su conclusión: al arrebatarle a las alcaldías la facultad de fiscalizar, inspeccionar y otorgar cédulas de habitabilidad, el presidente de la República se convirtió legalmente en el único supervisor de las obras, lo que lo hace jurídicamente responsable de cualquier falla estructural.
En la práctica, sin embargo, esa supervisión fue lo que Apitz llama una «competencia gaseosa»: «Chávez no iba a ir al sitio a revisar lo que estaban haciendo». La consecuencia fue la construcción en terrenos no aptos y el irrespeto sistemático a las normas de sismorresistencia.
La justicia internacional como alternativa
Ante la imposibilidad real de obtener justicia en Venezuela por la falta de independencia del sistema judicial, Briceño plantea la vía internacional. Venezuela está obligada por tratados internacionales que exigen garantizar derechos fundamentales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El abogado muestra una preferencia clara por el sistema interamericano, argumentando que su impacto social es mayor y que su naturaleza pública permitiría que los venezolanos presenciaran el debate: «Sería muy importante para el país presenciar un debate público en español; que nuestro pueblo pueda ver en vivo y directo una audiencia ante un tribunal internacional independiente».
Acudir a esas instancias permitiría lograr más que indemnizaciones: verdad convincente y políticas públicas que garanticen la no repetición.
Sería muy importante que Damelis Díaz, esa mujer que perdió a su hija cuando se desplomaron los edificios del urbanismo Hugo Chávez y que salió a reclamar justicia con el nombre de su hija en los labios, pueda obtener algún tipo de reparación. La pregunta sigue abierta.
