El Departamento de Estado de Estados Unidos le solicitó al Departamento de Justicia que interceda para que se otorgue inmunidad a Delcy Rodríguez en una investigación en curso en su contra, en la que también están involucrados Nicolás Maduro y su presunto testaferro Alex Saab. La razón: Washington la reconoce como jefa de Estado en ejercicio de Venezuela.
«El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad de la presidente Rodríguez, como jefe de Estado en ejercicio de un Estado extranjero, frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», señala la carta remitida por la dependencia dirigida por Marco Rubio.
El Departamento de Estado fue explícito en subrayar la urgencia de la solicitud, pidiendo tener en cuenta «la particular importancia que Estados Unidos otorga a la pronta desestimación de los procedimientos contra la presidente Rodríguez, dadas las importantes implicaciones de política exterior de tal acción».
Con información de NTN24
El caso: tortura, electrocución y 314 millones de dólares
El caso en cuestión es una demanda civil en la que un juez federal de Estados Unidos aprobó una indemnización de 314 millones de dólares a favor de tres ciudadanos norteamericanos: Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, liberados por el régimen de Maduro en 2023 como parte de un intercambio negociado en secreto con la administración Biden a cambio de Alex Saab.
Los tres demandantes alegaron haber sido sometidos a tortura física y psicológica durante su detención, incluyendo electrocución, posturas de estrés y palizas, acciones que según ellos aún les causan angustia y trauma. El juez denominó al régimen de Nicolás Maduro como una «organización criminal».
El juez Darrin P. Gayles, de Miami, dictó una sentencia de rebeldía contra Maduro, Saab y otros cinco acusados, así como contra el Cártel de los Soles, por no haber respondido a la demanda.
La jugada legal de Delcy
A diferencia de Maduro y los demás acusados que ignoraron la demanda, Rodríguez actuó de forma diferente: desde abril envió abogados a la corte federal de Miami para pelear el caso y solicitar su desestimación, razón por la que no fue incluida en el fallo inicial.
Ahora el Departamento de Justicia, por instrucción del Departamento de Estado, le pide al juez que la exonere de cualquier embargo o responsabilidad económica en la condena. La decisión final quedará en manos del juez. Lo que está claro es que Washington, al tiempo que mantiene su retórica sobre la transición democrática en Venezuela, acaba de blindar jurídicamente a la misma persona que encabeza el régimen.
