El régimen de Nicolás Maduro, investigado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), ha intensificado su maquinaria de espionaje digital y manipulación comunicacional, según una investigación de La Hora de Venezuela citada por El Nacional. Acusando a plataformas como WhatsApp de ser “herramientas de conspiración”, el gobierno ha construido un ecosistema de vigilancia masiva que incluye interceptaciones telefónicas, monitoreo de redes sociales, aplicaciones estatales invasivas y extracción forzada de datos, prácticas que violan derechos fundamentales y refuerzan la persecución política tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024.
Espionaje digital: Una herramienta de represión
- Interceptaciones masivas: En 2021, Telefónica reportó 1,5 millones de líneas intervenidas en Venezuela, el 81% de todas sus interceptaciones globales, sin control judicial, según IPYS Venezuela. Operadoras como Digitel y Movilnet ocultan datos similares.
- Aplicaciones estatales: VenApp, promovida como herramienta ciudadana, recopila datos personales para identificar opositores y mapear protestas, según VeSinFiltro. Tras el 28J, se usó para rastrear “guarimbas”.
- Monitoreo de redes: El Cesppa, creado en 2013, rastrea publicaciones en X, como en el caso de Nelson Piñero, detenido por “incitación al odio”. El Alto Comisionado de la ONU denunció registros arbitrarios de teléfonos en protestas.
- Tecnologías invasivas: Herramientas como Cellebrite extraen datos de dispositivos incautados, mientras que antenas IMSI Catchers interceptan comunicaciones en zonas estratégicas, según Armando.Info.
Siscom: Manipulación del discurso digital
El Sistema Bolivariano de Comunicación (Siscom), operado por el Mippci, centraliza la propaganda chavista, distribuyendo narrativas a través de grupos cerrados similares a WhatsApp. Miles de empleados públicos, militantes del PSUV y comunicadores afines amplifican mensajes, contrarrestan críticas y manipulan la conversación digital. Desde 2024, Siscom regula estrictamente contenido, horarios y plataformas, con operadores que actúan como bots, algunos incentivados con bonos, según La Hora de Venezuela.
Impacto en la disidencia
Estas prácticas, calificadas como crímenes de lesa humanidad por la ONU, buscan silenciar a opositores como María Corina Machado y Edmundo González, quienes denuncian el fraude del 28J. Casos como la desaparición de José Riera y la detención de Maykelis Borges reflejan un patrón de represión, con 853 presos políticos según Foro Penal y 2.501 detenciones en 2024, según Un Mundo sin Mordaza.
Organizaciones como VeSinFiltro y ProBox sugieren usar Signal por su cifrado extremo, evitar SMS, rechazar aplicaciones estatales, no publicar contenido sensible y mantener dispositivos actualizados. Estas medidas son vitales para activistas y periodistas en un contexto de Emergencia Democrática Compleja.
