Un grupo de venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador por la administración de Donald Trump demandó a CSI Aviation y GlobalX, las dos compañías estadounidenses que realizaron los traslados. La demanda fue introducida por un equipo de 17 abogados de derechos humanos el 17 de julio.
Según el documento, al que tuvo acceso The Guardian, los demandantes acusaron a ambas empresas de violar derechos civiles, encarcelamiento ilegal, causar intencionalmente estrés emocional, negligencia y otras violaciones a la legislación estadounidense e internacional. La demanda también sostiene que CSI y GlobalX «hicieron todo lo posible» para llevar a cabo los «vuelos de entrega» a El Salvador «en colaboración con el gobierno de EE. UU.», a pesar de que un juez federal había ordenado que el avión regresara y de que ambas compañías sabían que los migrantes «probablemente serían torturados» dentro de la prisión.
«Sin la complicidad de estas dos compañías, ni los demandantes ni el colectivo habrían sido entregados al Cecot», señala el documento, que también apunta que ambas empresas han obtenido «beneficios económicos sin precedentes» desde que fueron contratadas por el Departamento de Seguridad Nacional.
Con información de Caleidoscopio Humano
El contexto de la deportación
En marzo de 2025, unos 230 venezolanos fueron enviados al Cecot, donde permanecieron detenidos durante aproximadamente cuatro meses y fueron sometidos a torturas, según los testimonios recabados por organizaciones de derechos humanos. En febrero de 2026, un juez federal ordenó a la administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de esos venezolanos para que continuaran sus procesos migratorios.
«Es posible que mucha gente no sea consciente del grado en que las empresas privadas están implicadas en las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo bajo la administración Trump a través de los planes de detención y deportación ilegal», señaló Anthony Enríquez, vicepresidente de defensa y litigios del Kennedy Human Rights Center y uno de los abogados que representa a las víctimas.
La demanda representa un intento de las organizaciones de derechos humanos de exigir responsabilidad no solo a los gobiernos, sino también a las empresas privadas que facilitan los abusos.
