(Fuente: El Pitazo) Varios defensores de Derechos Humanos han visto la nueva posición de Nicolás Maduro sobre la posible liberación de los detenidos poselectorales como una nueva maniobra del régimen de eludir responsabilidades y dicha liberación como figuras de canje.
Recientemente el dictador hizo un pronunciamiento en el que instó al fiscal general del régimen, Tarek William Saab a rectificar en casos de algún detenido por error durante las protestas del 29 y 30 de julio que se desarrollaron luego del fraude electoral que se realizó en la pasada elección presidencial.
Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos, analizó que el régimen de Nicolás Maduro ya tiene una trama empleada en antiguos conflictos, la cual consiste en usar a los presos políticos como “fichas de cambio” para que se organicen mesas de trabajo en la que se pueda negociar la libertad de dichos ciudadanos.
Zambrano puso como ejemplo el caso de Alex Saab, en el que se otorgaron medidas cautelares a varios presos políticos a cambio de su liberación en Estados Unidos.
Con información de El Pitazo
Foro Penal contabiliza en su último registro a 1.963 detenidos acusados de participar en las protestas en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la presidencial del 28 de julio, que dio vencedor a Nicolás Maduro a pesar de que la oposición poseía 83,50 % de las actas de votación, que atribuían la victoria al candidato Edmundo González Urrutia.
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Castigo a la sociedad
La denuncias de los familiares, respaldadas y replicadas por diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, fueron un elemento clave del llamado a la rectificación que hizo Nicolás Maduro al Ministerio Público, según la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
Resaltó la activista que, en el último informe presentado por la Misión Internacional de la ONU, se consideró que existen razones suficientes para considerar que se cometieron crímenes de persecución. “Hay un pronunciamiento a nivel mundial que comenzó con la gallardía de los familiares al denunciar y que está haciendo efecto en las autoridades del Estado, que los ha hecho revisar esas privaciones de libertad”, declaró Tineo a El Pitazo.
Tineo opinó que las detenciones corresponden a un catálogo de privación de libertad que se inició con detenciones arbitrarias, vulneración del derecho a la defensa porque no se admitieron abogados de confianza, audiencias masivas de forma telemática sin individualización de los hechos, imputación por terrorismo y asociación para delinquir, incomunicación por largos periodos, en algunos casos se registraron torturas y violencia sexual.
La defensora de los derechos humanos destacó que este método podría tratarse de un “castigo ejemplarizante” que causó temor y dolor en la sociedad con el sentido de neutralizar las manifestaciones.
“Quizás se esté llegando al punto de revisar las causas y la posibilidad de dictar medidas cautelares porque ese castigo que implementaron ya tuvo sus efectos”, destacó al tiempo de que afirmó que los daños físicos y psicológicos entre los detenidos de forma injusta son irreversibles, pero las víctimas tienen derecho a denunciar en instancias superiores para que sean reparadas.
El lunes 11 de noviembre, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, declaró que en Venezuela no hay presos políticos, sino personas detenidas tras ser contratadas para desestabilizar al país.
Mientras que representantes de la Comisión Interamericana de DD. HH. instaron este martes 12 a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la represión del Gobierno venezolano y el efecto disuasivo que tuvo sobre la población.
“El Gobierno de Venezuela debe poner fin a la represión y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. Hacemos un llamado a través de un esfuerzo coordinado y diplomático para respaldar la transición pacífica de Venezuela a la democracia”, se dijo en una rueda de prensa.
